Las decisiones judiciales que modificaron las medidas cautelares de los procesados derivaron en una revisión de actuaciones, mientras el proceso penal continúa con nuevas imputaciones por legitimación de ganancias ilícitas.
El Consejo de la Magistratura analiza la actuación de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Carlos Alberto Guzmán Luján y Narda Virginia Vega Leigue, luego de las resoluciones que beneficiaron a varios de los investigados dentro del denominado caso de la encomienda millonaria, en el que fueron secuestrados 1,7 millones de bolivianos y 125.500 dólares cuya procedencia, según la investigación fiscal, no pudo ser acreditada por los involucrados.
La revisión surge después de una serie de decisiones judiciales que modificaron las medidas cautelares impuestas inicialmente por una jueza de instrucción, quien había ordenado la detención preventiva de policías y un piloto civil investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias, sobre la base de los elementos expuestos por el Ministerio Público.
Las resoluciones de segunda instancia permitieron que los procesados obtuvieran medidas menos gravosas e iniciaran trámites para recuperar su libertad. Esa secuencia de decisiones es ahora objeto de análisis ante la presunta existencia de actuaciones que habrían favorecido de manera reiterada a los imputados durante el desarrollo del proceso.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 11 de junio de 2026 la vocal Narda Virginia Vega Leigue declaró procedente el recurso de apelación presentado por Andrea Nineth Choque Mendoza, modificando la decisión asumida en primera instancia. Una semana después, el vocal Carlos Alberto Guzmán Luján hizo lugar a la apelación presentada por Sergio Rivero Montaño, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina, disponiendo nuevas medidas cautelares.
En otro fallo, el mismo vocal declaró parcialmente procedente el recurso promovido por César Antonio Saravia Ordóñez, dejando vigente únicamente uno de los riesgos procesales, situación que abrió la posibilidad de solicitar posteriormente una audiencia de cesación a la detención preventiva.
Mientras esas resoluciones eran ejecutadas, el Ministerio Público abrió una investigación paralela por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, al considerar que existían nuevos elementos para ampliar la investigación. Como resultado de ese proceso, Sergio Rivero Montaño, César Antonio Saravia Ordóñez, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina volvieron a ser enviados con detención preventiva y posteriormente interpusieron nuevos recursos de apelación.
Otro hecho que llamó la atención durante la tramitación del proceso ocurrió antes de la presentación de la imputación formal por legitimación de ganancias ilícitas. En ese momento se conoció que el juez Daniel Alberto Núñez Vela Bruening, quien previamente había concedido la cesación de la detención preventiva a varios de los investigados, solicitó dos días de vacaciones, por lo que no llegó a conocer la nueva causa penal.
Precisamente, Núñez Vela Bruening había dispuesto anteriormente la cesación de la detención preventiva en favor de Andrea Nineth Choque Mendoza y de César Antonio Saravia Ordóñez, decisiones que se sumaron a los fallos emitidos por los vocales de alzada y que hoy forman parte de la revisión institucional sobre la actuación de autoridades judiciales en uno de los procesos penales de mayor repercusión registrados este año en el departamento del Beni.
ABREN INVESTIGACIÓN POR FALLOS QUE FAVORECIERON A IMPUTADOS DEL CASO “ ENCOMIENDA MILLONARIA”
