EXIGEN PROCESAR Y SUSPENDER A DIPUTADOS IMPLICADOS EN EL CASO AISEM

Nov 22, 2026

Legisladores, dirigentes campesinos y representantes políticos reclaman intervención fiscal, sanciones legislativas y destituciones por las presuntas gestiones de cargos públicos que involucran a Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Oscar García.

El vicepresidente Edmand Lara aseguró que las denuncias sobre presunta comercialización de puestos públicos llegaron al conocimiento de Rodrigo Paz antes de que asumiera la Presidencia. Su declaración se sumó a los reclamos de legisladores y organizaciones que exigen procesos penales, sanciones y la separación de los funcionarios señalados en el caso de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).
Lara relató que después de la primera vuelta electoral recibió información de la diputada Sandra Rivero sobre supuestas ofertas de cargos y ministerios a cambio de dinero, atribuidas al diputado suplente Alejandro Medinaceli. Afirmó que comunicó esos antecedentes a Paz durante una reunión en su domicilio. Según su versión, el entonces candidato le respondió: “Voy a poner orden”.
El Vicepresidente sostuvo que posteriormente recibió nuevas denuncias y decidió hacerlas públicas. Aseguró que Medinaceli respondió con amenazas de iniciar procesos judiciales. También mencionó versiones sobre presuntas irregularidades relacionadas con Claudia Bilbao y Oscar García. Pidió que los tres sean investigados, remitidos al Tribunal de Ética y apartados de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.
DIPUTADOS PIDEN INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA
El diputado de Libre Edgar Zegarra reclamó al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio por los audios difundidos sobre las presuntas presiones a Daniela Quiroga, exdirectora de la AISEM. También pidió que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados intervenga y establezca responsabilidades.
“Este país no es chacra de nadie, no es finca de nadie. No hagan lo mismo de los masistas”, expresó Zegarra, al cuestionar que algunos parlamentarios pretendan utilizar sus cargos para influir en las instituciones públicas. También denunció que profesionales quedan sin oportunidades laborales por no contar con respaldo político.
Por su parte, el diputado Roger Blanco sostuvo que el Comité de Ética deberá examinar las grabaciones y definir si corresponde suspender temporalmente a Medinaceli, Bilbao y García. Cuestionó que Medinaceli, en su condición de legislador, supuestamente realice actividades vinculadas al Ejecutivo. Señaló que la comisión, cuya conformación está prevista para la próxima semana, deberá evaluar el caso.
ANUNCIAN DEMANDAS Y EXIGEN DESTITUCIONES
En Santa Cruz, Jerson Murillo, secretario de Relaciones de la Federación Única de Campesinos, anunció una demanda penal contra los diputados suplentes Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao por presunto tráfico de influencias. Exigió que sean destituidos y pidió al Ministerio Público actuar ante las denuncias.
“En vez de estar trabajando por la población boliviana, de sacar leyes a favor de nuestra patria y de nuestra clase popular, están robando a nuestra patria, repartiendo las pegas”, manifestó. También solicitó investigar posibles empresas vinculadas a Bilbao y eventuales adjudicaciones relacionadas con el sector de salud.
El analista y excandidato a gobernador de Santa Cruz Otto Ritter cuestionó que representantes elegidos para legislar y fiscalizar aparezcan señalados por presuntas gestiones de empleos públicos. Calificó el episodio como “la miseria de la política amasada por mercaderes de conciencia” y reclamó una intervención inmediata de la Fiscalía.
Ritter sostuvo que el crimen organizado no comprende únicamente el sicariato y el narcotráfico, sino también estructuras dedicadas a actividades ilícitas desde espacios de poder.
El exasambleísta Marco Fuentes, por su lado, cuestionó la cercanía de Medinaceli con Rodrigo Paz desde la campaña electoral y la presunta utilización del piso 19 de la Casa Grande del Pueblo para gestionar contrataciones. Calificó ese espacio como un lugar de “amiguismo” y “repartija de pegas”, y comparó las denuncias con los mecanismos de distribución de cargos que atribuyó al anterior gobierno de Luis Arce.