Las declaraciones de Aldo Quezada, el pasado miércoles, provocaron nuevas actuaciones fiscales y policiales, dos aprehensiones, una detención preventiva y el anuncio de ampliar las pesquisas a funcionarios del aeropuerto.
La investigación del denominado caso maletas registró una sucesión de actuaciones judiciales y policiales entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre. Las declaraciones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, provocaron nuevas líneas de investigación sobre el presunto manejo de influencias dentro del sistema judicial y alcanzaron a funcionarios de otras instituciones. En las últimas horas, Mauricio Requena, exasesor de Rómer Saucedo, fue enviado a Palmasola por 180 días, el exfiscal Julio César Porras quedó aprehendido y la Policía activó la búsqueda de la exfiscal Delmy Guzmán.
QUEZADA ABRE UNA NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Uno de los hechos que modificó el curso de las investigaciones fue la declaración ampliatoria de Aldo Quezada, quien fue aprehendido el martes 10 de noviembre. El exfuncionario judicial identificó al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, como la persona que, según su testimonio, era propietaria de las maletas y conocía el contenido del equipaje.
Quezada relató que, durante un viaje a México, en agosto de 2026, Saucedo le habría hablado de las valijas y de su contenido. También mencionó al exfiscal general Roger Mariaca, a quien atribuyó participación en las gestiones relacionadas con el retiro del equipaje.
Pero su declaración no se limitó a las circunstancias del traslado de las maletas. El exmagistrado habló de supuestas relaciones de poder entre autoridades judiciales y fiscales, mencionó a jueces que, según su versión, respondían a determinadas autoridades y describió quién tenía capacidad de decisión dentro de esas estructuras.
«Con Rómer Saucedo estaban todos, pero no todos cumplían. La última palabra, el mandamás en el Órgano Judicial, siempre fue Rómer Saucedo», manifestó.
Entre los nombres que incluyó en su declaración apareció el juez Primo Flores, a quien relacionó con el entorno del exfiscal general. Estas afirmaciones todavía deben ser contrastadas por el Ministerio Público y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
La declaración adquirió importancia porque dejó de concentrarse únicamente en las personas que participaron en el traslado y recepción de las maletas. También puso bajo investigación posibles intervenciones de funcionarios judiciales y fiscales en actuaciones que habrían permitido que el equipaje llegara a su destino sin los controles correspondientes.
FISCALÍA ANUNCIA QUE CONVOCARÁ A LOS MENCIONADOS
El jueves 12 de noviembre, el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, anunció que todas las personas mencionadas por Quezada serán convocadas a declarar.
Entre ellas identificó expresamente al juez Primo Flores. También anunció que la investigación alcanzará a funcionarios de la Aduana Nacional, la Policía y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), además de personal que trabajaba en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Urioste explicó que el Ministerio Público pretende reconstruir la ruta seguida por la aeronave que transportó las maletas y establecer qué funcionarios intervinieron en las operaciones aeroportuarias.
«No se cierra el círculo en las personas que han declarado y obviamente aquí hay mucha gente que ha colaborado», sostuvo.
La autoridad también señaló que la investigación deberá determinar si existieron colaboradores que participaron indirectamente en los hechos. El anuncio representa una ampliación de las pesquisas hacia dependencias que tuvieron alguna intervención en el ingreso, control y salida del equipaje.
El fiscal general interino confirmó, además, que existen dos procesos vigentes contra Saucedo: uno relacionado con el caso maletas y otro por presunto cohecho activo, vinculado con la recepción de un millón de bolivianos por parte de su hermana, Ana Gabriela Saucedo.
REQUENA ES ENVIADO A PALMASOLA POR SEIS MESES
La jornada del jueves también terminó con una resolución judicial contra Mauricio Requena, exasesor de Saucedo durante su gestión en el Tribunal Supremo de Justicia. Después de una audiencia que se prolongó por casi dos horas en un juzgado de la zona de Los Lotes, la autoridad jurisdiccional ordenó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.
El Ministerio Público lo imputó por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La acusación está relacionada con supuestas gestiones para facilitar el traslado de más de 30 maletas desde Estados Unidos hasta Viru Viru.
La investigación policial también apunta a un supuesto trámite acelerado de autorización judicial para el viaje de menores, en el que habrían intervenido Requena, Saucedo y Quezada.
La resolución fue rechazada por la abogada Ericka Oroza, quien aseguró que la Fiscalía no presentó pruebas objetivas que demuestren la participación de su defendido en los delitos atribuidos. La jurista anunció que apeló la determinación judicial.
«A Laura Rojas la han convertido en juez. Su palabra es ley», manifestó, al cuestionar que los señalamientos de la exdiputada tengan un peso determinante en la imputación.
Oroza también observó diferencias entre las declaraciones de Rojas y Quezada respecto a quién realizó determinadas gestiones. Según su explicación, mientras Rojas habría responsabilizado a Requena, Quezada habría asumido esa actuación por instrucciones de Saucedo.
«Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, o sea, son contradictorias», sostuvo.
La defensa insiste en que su cliente no realizó trámites relacionados con las maletas y considera que la resolución judicial se sustentó en una imputación genérica. Requena también rechazó las acusaciones y manifestó: «No tramité nada».
PORRAS QUEDA APREHENDIDO Y ENFRENTA TRES DELITOS
Otro de los movimientos importantes del jueves fue la aprehensión del exfiscal Julio César Porras, quien acudió por segunda vez a declarar ante la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
Porras había participado en las investigaciones relacionadas con el caso y ocupó el cargo de coordinador de Sustancias Controladas durante la gestión de Roger Mariaca como fiscal general.
Después de ampliar su declaración informativa, quedó aprehendido por disposición del Ministerio Público. El fiscal Rolando Salvatierra confirmó que existen indicios que justifican la medida y anunció que se preparaba la imputación formal.
Los delitos investigados son tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
Salvatierra también explicó que existen diferencias entre las declaraciones de Porras y los elementos contenidos en los cuadernos de investigación respecto a los allanamientos realizados por la exfiscal Delmy Guzmán.
«Aparentemente dice que no, pero los elementos de los dos cuadernos de investigación reflejan otra cosa», declaró.
El fiscal aclaró que todavía no podía establecer responsabilidades adicionales ni afirmar que Porras tuviera vínculos con Mariaca sin contar con elementos suficientes.
La defensa, encabezada por Fernando Acevedo, rechazó la actuación fiscal y aseguró que su cliente está siendo involucrado por no haber ordenado la aprehensión de Guzmán durante un operativo relacionado con el hallazgo de sustancias controladas.
El abogado acusó a la exfiscal de haber ocultado la droga y sostuvo que Porras comunicó lo ocurrido a sus superiores. Según su versión, tanto Mariaca como el fiscal departamental habrían conocido la situación.
Acevedo también atribuyó las acusaciones del exjuez Zeballos a una represalia personal. Recordó que Porras participó en un procedimiento anterior que terminó con la detención de Zeballos durante más de 200 días por un caso relacionado con 70 kilos de cocaína.
El exfiscal, por su parte, rechazó los señalamientos. «No se olviden quién lo aprehendió, no se olviden quién es el que agarró a toda su banda», respondió ante los medios.
GUZMÁN NO APARECE Y LA POLICÍA EJECUTA SU BÚSQUEDA
La situación de Delmy Guzmán también se convirtió en uno de los puntos centrales de las últimas actuaciones. La exfiscal tiene una orden de aprehensión emitida el 10 de noviembre y es investigada por presuntos delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Edson Omar Fernández, confirmó que los efectivos recibieron instrucciones para ejecutar el mandamiento judicial.
Un reporte difundido el jueves por Red Uno señaló que Guzmán había dejado de acudir a sus oficinas en Cotoca. Un trabajador de esas dependencias indicó que llevaba aproximadamente una semana sin presentarse.
La defensa de Porras sostiene que Guzmán tenía responsabilidad directa en el manejo de la sustancia controlada encontrada durante las actuaciones investigativas y cuestiona que ahora se pretenda responsabilizar al exfiscal por no haberla detenido.
Operativo en el juzgado de Primo Flores
La tarde del jueves también se registró movimiento de efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, específicamente en inmediaciones del juzgado donde trabaja Primo Flores.
El despliegue ocurrió un día después de que Quezada mencionara al juez en su declaración y lo relacionara con el entorno del exfiscal general Mariaca.
Los uniformados no explicaron públicamente el motivo de su presencia ni precisaron si el operativo estaba relacionado con alguna actuación específica dentro de la investigación.
El viernes 13, el panorama institucional también registró cambios. Irma Villavicencio renunció a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cargo que había asumido apenas 20 días antes, después de la salida de Quezada.
