Mientras Jesús Egüez defiende el acuerdo con el Gobierno, asambleístas y autoridades provinciales advierten que los nuevos compromisos pueden reducir la inversión en caminos, maquinaria y servicios para las comunidades benianas.
La propuesta del Gobierno nacional de entregar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones abrió una disputa política en el Beni.
El gobernador Jesús Egüez considera que el acuerdo representa un avance para el departamento y sostiene que no se puede exigir un porcentaje mayor debido a la crisis económica del país. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa Departamental y las provincias surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de esos recursos y el riesgo de que las nuevas obligaciones terminen consumiendo el dinero que debería destinarse a obras y servicios.
La preocupación tiene una base económica. Los ingresos corrientes de la Gobernación beniana descendieron de Bs 818 millones a Bs 514,6 millones, una reducción del 37%. Además, el 97,3% de sus recursos depende de transferencias del nivel central, mientras sus ingresos propios apenas alcanzan Bs 13,2 millones, equivalentes al 2,6% del total. Estas cifras muestran que el departamento tiene escaso margen para generar recursos adicionales y responder a nuevas obligaciones con ingresos propios.
Entre 2021 y 2023, la Gobernación recibió un promedio anual de Bs 258 millones por regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). De ese monto, Bs 157 millones correspondían a regalías, Bs 82 millones al IDH y Bs 19 millones al IEHD. Aunque son fuentes importantes para las finanzas departamentales, no todo ese dinero está disponible para financiar nuevas responsabilidades.
BS 47 MILLONES QUE NO ESTÁN GARANTIZADOS PARA OBRAS
El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, calculó que las nueve gobernaciones recibirían cerca de Bs 550 millones con la aplicación del 1%. El proyecto de ley fue remitido a las administraciones departamentales para su revisión, pero todavía no existe una distribución oficial que determine cuánto corresponderá a cada región.
Para estimar el posible ingreso beniano se realizó un ejercicio con cuatro criterios: 40% por población, 30% por pobreza, 20% por superficie y 10% distribuido en partes iguales entre las nueve gobernaciones. Con los datos del Censo 2024, el Beni registra 488.260 habitantes, 200.441 personas con necesidades básicas insatisfechas y una extensión de 213.564 kilómetros cuadrados.
La simulación asigna aproximadamente Bs 9,45 millones por población, Bs 10,17 millones por pobreza, Bs 21,38 millones por superficie y Bs 6,11 millones por el componente igualitario. El resultado alcanza Bs 47,1 millones anuales. No se trata de una cifra oficial ni de una fórmula aprobada, sino de un cálculo ilustrativo para dimensionar el posible beneficio.
El problema es que ese ingreso podría llegar acompañado de nuevas responsabilidades, particularmente por el crecimiento vegetativo de los ítems de salud y educación. Si las gobernaciones deben cubrir parte de esos gastos con la nueva transferencia, el dinero disponible para caminos, maquinaria, infraestructura productiva y servicios provinciales podría reducirse. El propio Gobierno reconoció que la discusión sobre porcentajes debe considerar también los gastos que asumirán las administraciones departamentales.
LAS PROVINCIAS RECLAMAN POR LOS CAMINOS
El asambleísta departamental, Hugo Vargas Limalobo, cuestionó el respaldo de Egüez y anunció que impulsará un pronunciamiento público. Exigió al gobernador rendir cuentas ante los benianos y sostuvo que aceptar unos millones adicionales no significa defender las necesidades reales del departamento. A su juicio, el planteamiento del 50/50, del que forma parte el 1%, no responde a las demandas regionales.
El gobernador, por su parte, defendió públicamente el acuerdo. Aseguró que las gobernaciones participarán por primera vez de los siete impuestos coparticipables y calificó el 1% como un «gran avance». También explicó que inicialmente los gobernadores plantearon el 2%, mientras el Ejecutivo propuso el 0,4%, hasta llegar al porcentaje finalmente acordado.
A esa discusión se sumó el excandidato a gobernador Hugo Vargas Roca, quien cuestionó la postura de Egüez y advirtió sobre una posible subordinación política frente al Gobierno nacional. «No se puede poner la obediencia política por encima de los intereses del Beni», expresó en sus redes sociales.
Para un departamento extenso, con comunidades dispersas y caminos que requieren mantenimiento permanente, la pregunta es cuánto dinero quedará realmente para atender esas necesidades después de cubrir las nuevas obligaciones. Si el 1% llega con más gastos y sin garantías de financiamiento, el Beni podría recibir una transferencia adicional mientras sus provincias pierden capacidad para sostener servicios básicos y mantener la conexión entre sus comunidades.