El Gobierno ofrece Bs 550 millones a los nueve departamentos, pero la propuesta incorpora responsabilidades en salud y educación. Beni y Pando enfrentan mayores dificultades por sus condiciones territoriales y fiscales.
La propuesta del Gobierno de Rodrigo Paz de entregar el 1% de la coparticipación tributaria a las nueve gobernaciones abrió una discusión que va más allá del porcentaje anunciado.
Aunque el Ejecutivo calcula una asignación cercana a los Bs 550 millones anuales, las autoridades departamentales también deben evaluar qué obligaciones tendrán que financiar con esos recursos, particularmente en salud y educación.
Para departamentos como Beni y Pando, donde las distancias, la dispersión poblacional y los costos de prestación de servicios representan dificultades adicionales, recibir una nueva fuente de ingresos mientras se amplían las responsabilidades podría reducir el dinero disponible para carreteras, infraestructura y proyectos productivos.
El anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales fue remitido el 3 de noviembre a las nueve gobernaciones para su revisión y presentación de observaciones.
El director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema, informó que el documento recoge los avances de las reuniones entre el Ejecutivo y las autoridades departamentales, aunque todavía admite modificaciones antes de su tratamiento legislativo. La propuesta está prevista para aplicarse desde la gestión 2027.
SIETE IMPUESTOS PARA FINANCIAR EL NUEVO REPARTO
El planteamiento incorpora a las gobernaciones en la distribución de siete tributos nacionales: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y Gravamen Arancelario.
El sistema tradicional de coparticipación establece un 20% para los gobiernos municipales y un 5% para las universidades públicas, mientras que el 75% restante corresponde al nivel central. Las gobernaciones no tienen participación directa en ese reparto bajo el esquema tradicional establecido por la Ley 1551 de Participación Popular.
La propuesta gubernamental sostiene que la incorporación departamental no reducirá los porcentajes que reciben municipios, autonomías indígenas y universidades. Sin embargo, existe una diferencia que debe aclararse en el texto legal: si el 1% se calcula sobre la recaudación total de los siete impuestos o sobre el 75% que administra el Gobierno central.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, señaló que la propuesta recibida plantea el 1% de ese 75%. Bajo un cálculo basado en Bs 14.000 millones de recaudación, esa interpretación representaría poco más de Bs 105 millones y no los Bs 550 millones anunciados por el Ejecutivo. La diferencia evidencia que la base de cálculo debe quedar expresamente establecida.
El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, estimó que el monto global se aproximaría a Bs 550 millones. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, manejó una referencia de Bs 460 millones. Ninguna de esas cifras permite conocer todavía cuánto recibirá individualmente cada departamento, porque la distribución también depende de la fórmula que se incorpore a la ley.
EL REPARTO NO PUEDE DEPENDER SOLAMENTE DE LA POBLACIÓN
Una distribución basada exclusivamente en la cantidad de habitantes favorecería principalmente a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que concentran la mayor parte de la población nacional. Los resultados oficiales del Censo 2024 registraron 11.365.333 habitantes en Bolivia.
Sin embargo, utilizar únicamente ese criterio dejaría en desventaja a departamentos con grandes extensiones territoriales, comunidades dispersas y mayores dificultades para prestar servicios.
Una alternativa para discutir en la elaboración de la ley sería distribuir los recursos mediante cuatro componentes: 40% por población, 30% por pobreza y necesidades básicas insatisfechas, 20% por extensión territorial y dispersión poblacional, y 10% por esfuerzo fiscal y generación de ingresos propios.
Se trata de una propuesta técnica de distribución, no de una fórmula aprobada por el Gobierno.
Su aplicación permitiría combinar la demanda de servicios de los departamentos más poblados con las necesidades de aquellos que deben atender comunidades alejadas y sostener infraestructura en territorios extensos. También obligaría a establecer indicadores verificables para medir la pobreza, los costos territoriales y la capacidad de mejorar la recaudación propia.
Para Beni y Pando, esta diferencia tiene especial importancia. Un reparto calculado solamente por habitantes podría asignarles menos recursos, sin reconocer suficientemente el costo de conectar poblaciones distantes, mantener caminos y garantizar servicios en zonas rurales y amazónicas.
SALUD Y EDUCACIÓN, LA MAYOR PREOCUPACIÓN
El aspecto más delicado de la propuesta está en las obligaciones que podrían acompañar a la nueva asignación. Entre los acuerdos difundidos después de la reunión del 30 de octubre figura evaluar la asignación de recursos para cubrir el crecimiento vegetativo de los ítems de salud y educación.
El crecimiento vegetativo se refiere al aumento de las necesidades de atención debido al crecimiento de la población. En salud, significa que se requieren más médicos, enfermeras y personal sanitario para atender a los pacientes. En educación, supone responder al incremento de estudiantes y a la necesidad de contar con más maestros y servicios educativos.
La gobernadora de Tarija cuestionó que la participación tributaria esté vinculada a la cobertura de los ítems de salud. Soruco sostuvo que el financiamiento de esas obligaciones corresponde al Gobierno nacional y que las gobernaciones esperaban recibir recursos para atender sus propias competencias.
El acuerdo no establece que las gobernaciones asumirán automáticamente toda la planilla salarial de médicos y maestros. Lo que contempla es evaluar mecanismos de financiamiento para atender el crecimiento de esos servicios. Esa diferencia debe quedar precisada en la ley para evitar que una nueva transferencia termine convirtiéndose en una obligación permanente sin recursos suficientes.
La Constitución establece que la gestión del sistema de salud y educación es una competencia concurrente entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Esto significa que existen responsabilidades compartidas, pero no implica que todas las obligaciones financieras deban trasladarse automáticamente a las gobernaciones.
BENI Y PANDO: MÁS TERRITORIO, MAYORES COSTOS
Para Beni y Pando, la propuesta requiere una evaluación particular. Ambos departamentos tienen características geográficas que elevan los costos de inversión y prestación de servicios. Las distancias entre comunidades, las dificultades de acceso durante determinadas épocas del año y la necesidad de mantener infraestructura en zonas alejadas obligan a disponer de recursos que no siempre guardan relación con la cantidad de habitantes.
Si la distribución se realiza principalmente por población, ambos departamentos podrían recibir montos menores frente a Santa Cruz, La Paz o Cochabamba. Pero si además deben financiar nuevas obligaciones en salud y educación, el margen para atender sus propias necesidades podría reducirse.
En Beni, los recursos departamentales son necesarios para sostener proyectos viales, infraestructura productiva, desarrollo agropecuario y obras que permitan conectar municipios y comunidades. En Pando, las inversiones en caminos, electrificación, infraestructura y servicios para poblaciones alejadas tienen un peso importante en el presupuesto departamental.
Por eso, recibir una parte de los impuestos nacionales no necesariamente significa disponer de más dinero para obras. Si una porción de esa asignación debe destinarse a cubrir nuevas obligaciones de salud y educación, el saldo para inversión podría ser considerablemente menor.
El gobernador de Beni, Jesús Egüez, respaldó la incorporación de las gobernaciones a la coparticipación tributaria, mientras que otras autoridades departamentales expresaron reparos sobre el porcentaje y las condiciones planteadas. Las diferencias muestran que no existe una posición uniforme entre los nueve departamentos.
LAS COMPETENCIAS QUE YA TIENEN LAS GOBERNACIONES
Las administraciones departamentales no parten de cero en materia de responsabilidades. El artículo 300 de la Constitución les asigna competencias como la planificación del desarrollo humano, la construcción y mantenimiento de carreteras departamentales, el desarrollo productivo, la promoción del turismo y la ejecución de proyectos de infraestructura dentro de sus atribuciones.
Estas obligaciones ya forman parte de sus presupuestos y deben financiarse con las fuentes de ingresos disponibles, entre ellas regalías, IDH, transferencias y recursos propios.
La incorporación de nuevos ingresos tributarios podría ampliar su capacidad de inversión, siempre que no venga acompañada de gastos adicionales que absorban buena parte de la transferencia.
El propio viceministro Adrián Oliva señaló que los incrementos en la participación departamental deben analizarse considerando también los gastos que corresponden a cada nivel de gobierno. El funcionario sostuvo que una mayor asignación de recursos no hace desaparecer las obligaciones existentes del Estado.
TAMBIÉN SE PLANTEA AMPLIAR LOS INGRESOS PROPIOS
La propuesta de coparticipación forma parte de una reforma fiscal más amplia vinculada a la Agenda 50/50. Entre los acuerdos figura incorporar el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) al dominio tributario departamental y estudiar la inclusión de alícuotas adicionales definidas por cada departamento.
Esta modificación permitiría ampliar las fuentes de ingresos propios de las gobernaciones, aunque su efecto dependerá de las actividades económicas existentes en cada región y de la capacidad administrativa para recaudar esos tributos.
Oliva estimó que el fortalecimiento del dominio tributario departamental podría generar alrededor de Bs 4.000 millones en el futuro. Esa proyección corresponde a una vía de recaudación propia y no debe sumarse automáticamente a los Bs 550 millones estimados para la coparticipación del 1%. Son mecanismos diferentes.
El anteproyecto también contempla un análisis progresivo anual para mejorar la participación tributaria, sujeto al desempeño económico del país. Entre las autoridades departamentales existen posiciones que reclaman comenzar con porcentajes superiores y avanzar gradualmente hacia una participación mayor.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, consideró que el 1% constituye un punto de partida, mientras que otras autoridades cuestionaron que la propuesta no responda a las expectativas planteadas durante las negociaciones de la Agenda 50/50.
Las nueve gobernaciones recibieron el documento para presentar sus observaciones hasta el 4 de noviembre, antes de su remisión prevista a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de noviembre. La aprobación legislativa será necesaria para convertir la propuesta en una norma vigente.
