La votación dejó al descubierto las divisiones diplomáticas en torno a las sanciones estadounidenses: gobiernos que funcionan bajo las decisiones de Washington se sumaron al rechazo de la resolución cubana.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles 28 de octubre una resolución que exige el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de seis décadas. Un total de 130 países respaldó la iniciativa presentada por La Habana, frente a 17 votos en contra y 25 abstenciones.
El resultado volvió a poner sobre la mesa el rechazo internacional a una política que Cuba denuncia como un obstáculo para su desarrollo y que afecta el acceso de la población a productos esenciales.
La votación se produjo después de intensas órdenes diplomáticas de la administración de Donald Trump, que buscó reducir el respaldo a la resolución y sumar gobiernos, especialmente del nuevo grupo Escudo de las Américas, a la posición estadounidense.
Estados Unidos e Israel encabezaron el grupo que votó contra el reclamo cubano. A ellos se incorporaron Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Ucrania y otros países. La lista incluye gobiernos vinculados política o diplomáticamente con Washington.
La presencia de Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica entre los votos contrarios marcó un cambio significativo frente a posiciones anteriores, debido a que históricamente votaron a favor de levantar el embargo.
En 2025, Argentina ya había votado contra la resolución, mientras Colombia, Costa Rica y Ecuador no figuraban entre los países que rechazaron directamente el documento. Este año, los tres se sumaron al grupo encabezado por Washington.
La presión diplomática de Estados Unidos fue denunciada antes de la sesión por el canciller cubano, Bruno Rodríguez. El jefe de la diplomacia de la isla acusó a Washington de recurrir a amenazas y advertencias para influir en las delegaciones extranjeras.
La agencia internacional de noticias, Reuters informó el 21 de octubre sobre esas denuncias, que incluían posibles restricciones de visados, sanciones económicas y suspensión de mecanismos de cooperación.
CUBA DENUNCIA EL COSTO HUMANO DEL EMBARGO
Durante su intervención ante Naciones Unidas, Rodríguez defendió el derecho de los cubanos a vivir sin las restricciones que, según La Habana, limitan el comercio, las operaciones financieras y el abastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos.
«Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí», sostuvo el canciller, al cuestionar una política que su Gobierno considera un castigo contra toda la población. Las autoridades cubanas afirman que las restricciones dificultan la adquisición de suministros indispensables y agravan las dificultades cotidianas de las familias, los hospitales y los servicios públicos.
El embargo comenzó en 1960 y fue ampliado durante las décadas posteriores mediante distintas disposiciones legales estadounidenses. Aunque la Asamblea General de la ONU reclama su eliminación desde 1992, sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes y no pueden obligar a Washington a modificar sus leyes. El levantamiento de las principales restricciones depende de decisiones de las autoridades estadounidenses y, en aspectos centrales, del Congreso.
La votación de este miércoles volvió a situar a Cuba frente a Estados Unidos en una disputa que trasciende sus relaciones bilaterales y alcanza a terceros países, cuyas decisiones comerciales y financieras también pueden verse condicionadas por el alcance de las sanciones estadounidenses que día a día asfixia a Cuba.
