La Policía desplegó acciones simultáneas en tres departamentos y aprehendió a funcionarios y exfuncionarios vinculados, directa o indirectamente, al caso del narcotraficante uruguayo.
La investigación abierta en Bolivia alrededor de Sebastián Marset dio un giro durante la noche del miércoles, cuando un operativo policial simultáneo alcanzó a autoridades del Ministerio Público, exfuncionarios del Gobierno y efectivos policiales en Santa Cruz, La Paz y Sucre.
Entre los principales aprehendidos figuran el fiscal general del Estado, Róger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; el capitán Rubén Aparicio Villarroel; y el coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). También fue reportada la aprehensión del fiscal Julio César Porras, coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
El operativo tuvo como escenario principal el aeropuerto internacional de Viru Viru, donde fueron interceptados Mariaca y Zeballos. La Razón y Erbol reportaron las aprehensiones durante la noche del miércoles, aunque en las primeras horas no se habían hecho públicos todos los detalles sobre las órdenes que sustentaban las medidas.
VIRU VIRU CONCENTRA LAS PRIMERAS APREHENSIONES
Mariaca y Zeballos fueron detenidos en instalaciones de Viru Viru después de llegar desde Sucre, según reportes preliminares difundidos por medios nacionales. EL DEBER informó que ambos fueron interceptados por efectivos de inteligencia y que posteriormente se manejó la posibilidad de su traslado a La Paz.
La operación no quedó limitada a Santa Cruz. En Sucre, efectivos policiales ingresaron a dependencias de la Fiscalía General del Estado. Funcionarios denunciaron públicamente la intervención y cuestionaron el procedimiento. Algunas personas fueron arrestadas durante la acción, aunque posteriormente recuperaron su libertad, según el reporte difundido sobre el operativo.
Mientras tanto, en La Paz, agentes de Inteligencia interceptaron a Eduardo Del Castillo en la zona de Sopocachi. La detención del exministro se conoció después de la difusión de un material audiovisual en el que Marset realiza afirmaciones que involucran a la exautoridad y a otros funcionarios.
También fueron reportados como aprehendidos dos exjefes de gabinete de Del Castillo y el capitán Rubén Aparicio Villarroel. Posteriormente se informó sobre la detención del fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores.
La lista de personas alcanzadas por el operativo muestra que la investigación ya no se limita a la estructura criminal atribuida a Marset. Ahora incluye a funcionarios y exfuncionarios que tuvieron distintas responsabilidades en instituciones encargadas de investigar y combatir el narcotráfico.
EL VIDEO QUE PUSO LOS NOMBRES SOBRE LA MESA
Uno de los elementos que aparece relacionado con las nuevas actuaciones es una grabación realizada el 13 de marzo de 2026, después de la captura de Marset en Santa Cruz.
El material fue difundido por medios de comunicación y muestra al narcotraficante uruguayo hablando sobre sus supuestas relaciones con funcionarios bolivianos. En el video, Marset menciona a Mariaca y Del Castillo y afirma que habría pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y desarrollar sus actividades sin ser molestado.
Según la versión atribuida al uruguayo, el capitán Rubén Aparicio habría intervenido en sus contactos con Del Castillo. Marset también habló de pagos periódicos que, según su propio relato, estaban destinados a garantizar condiciones para continuar operando en el país.
Estas afirmaciones corresponden al testimonio del propio Marset. Por sí solas no establecen la responsabilidad penal de las personas mencionadas. Para determinar si lo señalado tiene sustento deberán ser contrastados registros bancarios, comunicaciones, documentos, movimientos financieros, pericias y otros elementos que formen parte de la investigación.
El video comenzó a circular públicamente en un momento particularmente delicado para el Ministerio Público, apenas días después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos Mariaca y Zeballos.
UN FISCAL QUE INVESTIGÓ LA ESTRUCTURA DE MARSET
Entre los aprehendidos también aparece Julio César Porras, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz, quien tuvo participación en varias actuaciones desarrolladas después de la captura de Marset.
Porras estuvo presente durante el operativo del 13 de marzo y posteriormente informó sobre diferentes procedimientos vinculados con bienes y elementos relacionados con la investigación.
Uno de ellos fue la apertura de dos cajas fuertes secuestradas durante el operativo contra el narcotraficante uruguayo. En aquella intervención, según la información proporcionada entonces por el Ministerio Público, no se encontraron dinero ni objetos de valor; en su interior había tornillos y otros elementos.
Porras también informó sobre las pericias realizadas a aeronaves relacionadas con Marset. De acuerdo con los datos comunicados por la Fiscalía en marzo, cinco de las diez avionetas sometidas a microaspirado dieron positivo a indicios de sustancias controladas.
La presencia del fiscal entre los aprehendidos añade otra dimensión a una investigación que ahora deberá establecer qué relación existe entre cada funcionario alcanzado por las medidas y los hechos que son objeto de investigación.
IRUSTA VUELVE A QUEDAR BAJO INVESTIGACIÓN
Martín Daniel Irusta Flores, actualmente fiscal superior, también figura entre los detenidos. Antes de incorporarse a ese cargo fue abogado del expresidente Evo Morales.
Irusta tuvo además un antecedente investigativo a finales de 2024 por un caso relacionado con una presunta legitimación de ganancias ilícitas vinculada con la adquisición de un vehículo de alta gama. El proceso fue posteriormente desestimado por la Fiscalía de La Paz debido a la falta de elementos suficientes para iniciar una causa penal, según los antecedentes incluidos en los reportes sobre su detención.
En 2026 fue designado Fiscal Superior y ahora aparece nuevamente dentro de una investigación que tiene entre sus principales elementos las declaraciones realizadas por Marset después de su captura.
La existencia de antecedentes investigativos anteriores no determina responsabilidad en el nuevo caso. Corresponde establecer qué hecho concreto se atribuye a Irusta y cuáles son los elementos que sustentan su aprehensión.
LA PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS LLEGÓ DÍAS ANTES
El operativo ocurrió pocos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra ciudadanos bolivianos, entre ellos Mariaca y Zeballos.
En el caso de Mariaca, Washington lo señaló por supuestos actos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico y sostuvo que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas con organizaciones criminales. Esa acusación fue presentada por el Gobierno estadounidense como fundamento de la restricción migratoria, pero no equivale a una sentencia judicial en Bolivia.
Mariaca rechazó públicamente las acusaciones estadounidenses y cuestionó la medida. El Gobierno boliviano, por su parte, anunció que solicitaría a Washington información complementaria y elementos que permitan conocer los fundamentos de los señalamientos.
La cercanía temporal entre esas restricciones y las aprehensiones fue uno de los elementos que incrementó la atención sobre el operativo. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer que ambas actuaciones formen parte de una misma decisión o procedimiento.
SIN CONFIRMACIÓN SOBRE UN TRASLADO A ESTADOS UNIDOS
Durante las horas posteriores al operativo también circularon versiones sobre un eventual traslado de los aprehendidos hacia Viru Viru y, posteriormente, hacia Estados Unidos, incluso mediante una ruta con escala en Lima.
El movimiento de aeronaves y la presencia de efectivos policiales alimentaron esas versiones, pero hasta el cierre de esta nota no existía confirmación oficial de que Mariaca, Zeballos, Del Castillo o cualquiera de los demás aprehendidos fuera a ser entregado a autoridades estadounidenses.
Una eventual extradición o entrega internacional requeriría un procedimiento jurídico específico. La presencia de una aeronave o un despliegue policial no permite, por sí mismo, establecer que ese procedimiento haya comenzado.
El caso queda ahora en una etapa en la que las autoridades deberán precisar los delitos investigados, las órdenes que dieron lugar a cada aprehensión y los elementos concretos atribuidos individualmente a los detenidos.
CASO MARSET: MEGAOPERATIVO ALCANZA A FISCALES, POLICÍAS Y EXAUTORIDADES
