El diésel, tras levantarse la subvención, pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 y el aumento ya provoca reclamos de transportistas, productores, gremiales y pequeños empresarios por sus efectos sobre precios familiares.

El nuevo precio del diésel comenzó a trasladarse desde las estaciones de servicio hacia el transporte, la producción y los mercados. El Gobierno de Rodrigo Paz elevó el litro de Bs 9,80 a Bs 17,95 y la decisión provocó una cadena de reclamos de dirigentes que advierten mayores costos para trabajar y, finalmente, para las familias. Transportistas anunciaron reuniones y posibles medidas, productores recalcularon sus precios y gremiales cuestionaron que la determinación haya sido tomada sin un acuerdo previo con los sectores afectados.

La reacción fue inmediata porque el diésel no solamente mueve buses, camiones y vehículos de carga. También interviene en el traslado de alimentos, en la maquinaria utilizada por productores, en la distribución de insumos y en diferentes actividades de la pequeña empresa.

El dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, exigió al Gobierno retroceder en la decisión y cuestionó que el incremento llegue después de que el sector ya había revisado sus costos.

Tarqui sostuvo que el problema no afecta solamente a los transportistas. “Aquí no solamente castiga al sector del autotransporte, sino que castiga al pueblo en general. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Va a pagar el pueblo”, afirmó.

El dirigente recordó que la hoja de costos del transporte había sido revisada aproximadamente dos meses antes y advirtió que un nuevo incremento del combustible vuelve a poner presión sobre las tarifas. También denunció que los choferes se sienten “amordazados” y “tapados de la boca” ante las restricciones para realizar protestas.

El transporte interdepartamental de La Paz también reaccionó. Silvestre Susaño, dirigente de los buseros paceños, anticipó que desde el lunes se coordinarán nuevas medidas. El dirigente explicó que con el nuevo precio del combustible la actividad deja de ser rentable.

“Con ese precio ya no justifica trabajar”, afirmó Susaño, quien advirtió que mantener los actuales costos de operación significaría trabajar a pérdida. También señaló que un eventual incremento de los pasajes tendría una repercusión directa sobre personas de bajos ingresos y comerciantes.

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TRANSPORTISTAS CALCULAN EL NUEVO COSTO

El presidente de la Cámara del Transporte del Oriente, Erland Melgar, sostuvo que el aumento terminará afectando al conjunto de la población porque el transporte forma parte de la cadena que lleva los productos hasta los mercados.

“Parece sencillo lo que voy a decir, pero en realidad tiene una estructura muy profunda de forma y de fondo”, manifestó.

Melgar cuestionó que el Gobierno no haya aplicado mecanismos suficientes para reducir el impacto del incremento y también reclamó por problemas registrados durante los primeros meses de la administración de Paz.

El dirigente recordó las denuncias relacionadas con la denominada “gasolina basura” y reclamó resultados frente a los casos de corrupción que, según sus declaraciones, fueron anunciados por el propio Gobierno.

“El mismo Gobierno, señor Presidente, dice, ¿se van a acabar los pillos y dónde están los pillos de la gasolina basura? ¿Y dónde están los pillos? ¿Están en Palmasola? ¿Están en las cárceles del país? Pregunto yo”, afirmó.

En Cochabamba, el secretario ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, calificó la eliminación de la subvención como “impopular” y anunció que el sector se declaró en emergencia.

Orellana informó que la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocará a un encuentro nacional para definir una posición común. El dirigente sostuvo que las futuras reacciones serán responsabilidad del Gobierno por no haber escuchado previamente las demandas del transporte.

En Sucre, el impacto ya llegó a las tarifas. El Sindicato Mixto de Transportistas San Cristóbal anunció nuevos precios: Bs 6 para pasajeros adultos, Bs 5 para personas de la tercera edad, Bs 4 para universitarios y Bs 2 para colegiales y escolares.

El cambio muestra cómo el incremento del combustible puede convertirse rápidamente en un mayor gasto diario para quienes utilizan transporte público.

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PRODUCTORES TRASLADAN EL AUMENTO

Los efectos también comenzaron a aparecer en el sector avícola. Iver Gutiérrez, representante de los avicultores de Santa Cruz, explicó que el diésel participa en prácticamente toda la cadena productiva, desde el traslado de los pollitos hasta la movilización de alimentos y productos terminados.

“Nos afecta directamente porque nosotros utilizamos en todos los eslabones de nuestra producción el diésel”, afirmó.

Gutiérrez explicó que el incremento afecta el traslado de pollitos y alimentos como soya, maíz y sorgo, además de la logística interna y otras labores necesarias para mantener la producción.

El sector estableció inicialmente un precio de Bs 15 por kilogramo de pollo vivo. El dirigente calculó que, después del faenado, transporte y comercialización, el precio podría llegar a unos Bs 22 por kilo en los mercados.

“Suponemos que con quince deberían estar alrededor de 22 bolivianos el precio del kilo en los mercados, en primera instancia”, señaló.

El aumento del combustible, por tanto, no queda concentrado en el precio que paga el conductor. También aparece en el costo de transportar alimentos, movilizar maquinaria, comprar insumos y llevar productos desde las zonas de producción hasta las ciudades.

La presidenta de Conamype Bolivia, Helen Rivero, rechazó el Decreto Supremo 5716 y declaró al sector de la micro y pequeña empresa en estado de emergencia.

Rivero advirtió que el incremento afectará la producción, la comercialización y la generación de empleo. Explicó que buena parte de los insumos utilizados por las pequeñas empresas son importados y que un combustible más caro aumenta los costos de toda la cadena.

La dirigente anunció una reunión nacional de emergencia para el domingo 20 de septiembre y no descartó movilizaciones si así lo determinan las bases.

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GREMIALES DENUNCIAN FALTA DE CONSENSO

El dirigente nacional de los gremiales, César Gonzales, también cuestionó la decisión. Según afirmó, el sector fue sorprendido por la eliminación de la subvención.

“No hubo consenso para eliminar la subvención al diésel”, sostuvo Gonzales.

El dirigente anunció que a fin de mes se realizará un ampliado nacional en Oruro para definir las acciones que asumirá el sector. También advirtió que el impacto será mayor entre las familias que no tienen un salario fijo.

“Medida va a impactar a las familias más pobres”, afirmó.

Gonzales pidió además reducir el tamaño del Gobierno y reclamó cambios en la administración pública. Su posición se suma a la de otros sectores que consideran que el incremento fue aplicado sin una negociación previa.

Los profesionales libres de El Alto también se declararon en emergencia. Una de sus representantes expresó preocupación por el efecto del aumento sobre los productos que consumen las familias de La Paz y El Alto.

“Acabamos de enterarnos del levantamiento de la subvención del diésel. En este momento estamos viviendo una crisis en el país y vamos a incrementar la crisis porque van a empezar a subir los precios de la canasta familiar”, manifestó.

La representante pidió respuestas al Gobierno y sostuvo que el sector seguirá las decisiones adoptadas por sus bases. “Queremos respuestas del Gobierno para ver cómo va a paliar esta situación, porque no vamos a seguir muriendo de hambre”, expresó.

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RECLAMOS TAMBIÉN LLEGAN DESDE LA ASAMBLEA

El diputado de la alianza AP, Rolando Pacheco, cuestionó el incremento y sostuvo que el problema debe analizarse desde el precio que Bolivia paga por el combustible importado.

“Los bolivianos pagamos el más caro de todo el mundo”, afirmó Pacheco, quien cuestionó las condiciones de compra y planteó que el país debería buscar mecanismos para adquirir el combustible directamente del productor.

El diputado también denunció que existen sectores que se benefician económicamente de la situación.

“Este es un gran negocio que continúa, en el cual unas cuantas personas se están haciendo millonarias a costa del pueblo boliviano”, manifestó.

Pacheco sostuvo que el efecto más visible será el aumento de los costos del transporte y de la producción agrícola.

“Aquí no hay que decir que quitaron la subvención, hay que decir claro: aquí lo que han hecho es aumentar el precio del diésel específicamente”, afirmó. Según el legislador, ese incremento terminará reflejándose en el transporte público y en el precio de los alimentos.

La diputada Claudia Herbas también cuestionó la decisión. Señaló que la eliminación de la subvención se produjo sin diálogo previo con los sectores afectados y relacionó la medida con los compromisos asumidos por el Gobierno para acceder a financiamiento externo.

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MINISTRO RESPONDE CON PREPOTENCIA

Mientras los sectores preparan reuniones y posibles movilizaciones, el Gobierno anunció que no permitirá bloqueos durante la vigencia del estado de excepción.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los sectores, pero advirtió que habrá sanciones para quienes incumplan las disposiciones vigentes.

“Eso de bloquear y luego dialogar hay que cambiarlo”, afirmó Aramayo.

El ministro señaló que los ministerios de Gobierno y Defensa ya toman previsiones ante eventuales conflictos y pidió a las organizaciones presentar sus propuestas para discutir temas como el contrabando y otras demandas.

La posición del Ejecutivo coloca al diálogo como la vía para atender los reclamos, mientras las organizaciones mantienen abiertas otras posibilidades de protesta.

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MANTIENEN EL PRECIO DE LA GASOLINA, GLP Y GNV

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, aclaró que la modificación aplicada está concentrada en el diésel y que, por el momento, no se prevén cambios en las subvenciones de la gasolina, el GLP y el gas natural.

“Por el momento solamente ha sido esta medida enfocada al diésel”, afirmó Blanco.

El ministro explicó que cualquier modificación posterior tendría que ser evaluada considerando qué sectores podrían resultar afectados y qué mecanismos de apoyo podrían aplicarse.

La aclaración busca marcar una diferencia entre el ajuste aplicado al diésel y otros carburantes que mantienen su esquema vigente.

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NACE EL BONO PP2 DE BS. 1,30 POR DÍA EN SEIS MESES

Como parte de la respuesta económica, el ministro de Economía, Christian Morales, anunció un paquete de medidas dirigido a determinados sectores y grupos considerados vulnerables.

Anunció el Bono PP2, con un pago de Bs 250 cada dos meses durante seis meses para los sectores vulnerables, monto que no alcanza para el diario vivir de la gente que recibiría 1,30 bs por día para contrarrestar el impacto de los carburantes

El beneficio está dirigido a sectores considerados vulnerables y alcanza a personas vinculadas al Bono Juancito Pinto, personas con discapacidad, beneficiarios del bono de la ceguera, del Bono Juana Azurduy y adultos mayores.

El programa no representa una compensación general para todas las familias afectadas por el aumento del diésel. Los hogares que no pertenecen a los grupos definidos quedan fuera de este beneficio.

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EL COSTO DE IMPORTAR EL DIÉSEL

Misael Gemio Jordán, gerente de Latigidconst SRL, explicó que el precio internacional del diésel no representa por sí solo el costo final que debe asumir una empresa para disponer del combustible en Bolivia.

Gemio señaló que su empresa compra diésel a traders de Chile y Paraguay entre 1,30 y 1,35 dólares por litro. A ese monto se suman el transporte en cisternas, seguros, logística internacional y otros gastos hasta que el combustible llega a los depósitos bolivianos.

Según Gemio, con esos costos el litro puede alcanzar aproximadamente 1,45 dólares antes de incorporar los gastos de almacenamiento, infraestructura y operación. Después se agregan los impuestos y el margen del importador, por lo que el costo comercial podría ubicarse entre Bs 19,30 y Bs 20 por litro.

El empresario aclaró que ese cálculo puede variar de acuerdo con las cotizaciones internacionales, los costos de transporte y la disponibilidad del producto en los países proveedores.