La liberación de arrestados, diferencias en el peso del oro, registros telefónicos y observaciones al procedimiento policial mantienen abiertas interrogantes que la Fiscalía busca esclarecer con nuevas diligencias.
Las investigaciones por el denominado caso «oro-maletas» avanzan mientras aumentan las dudas sobre la forma en que fue conducido el operativo realizado en el aeropuerto internacional de Viru Viru. La liberación de personas inicialmente arrestadas, la diferencia entre el peso del mineral reportado en distintos momentos y la revisión de comunicaciones telefónicas forman parte de un proceso que continúa ampliándose y que ha motivado pedidos de esclarecimiento desde distintos sectores.
Procedimiento policial bajo observación
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la actuación policial durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cargamento. El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rubén Barrientos, explicó que las interrogantes surgidas son razonables debido a que existen procedimientos claramente establecidos para este tipo de intervenciones.
Barrientos señaló que, una vez identificado un presunto hecho delictivo, corresponde informar de inmediato al fiscal de turno, preservar el lugar, elaborar las actas de secuestro del mineral, registrar cada evidencia y trasladar a las personas arrestadas para definir su situación jurídica conforme a la normativa vigente.
A criterio del exjefe policial, la falta de información oficial sobre el cumplimiento de esos pasos permitió que aparecieran versiones contradictorias que hoy mantienen abierto el cuestionamiento público. «Las dudas son razonables», sostuvo al explicar que una comunicación institucional oportuna habría evitado buena parte de la incertidumbre generada durante los últimos días.
Barrientos afirmó además que cuando posteriormente se intenta corregir o explicar actuaciones que debieron documentarse desde un principio, la percepción pública termina siendo más crítica sobre la transparencia del procedimiento.
La diferencia entre 211 y 189,5 kilos
Otro de los aspectos observados es la diferencia entre las imágenes difundidas inicialmente, donde se apreciaría un cargamento de aproximadamente 211 kilos de oro, y la cifra oficial de 189,5 kilos que actualmente forma parte del proceso investigativo.
Sobre este punto, Barrientos manifestó que existe una explicación técnica que podría justificar esa diferencia si las primeras referencias correspondían al peso bruto del cargamento, incluyendo cajas y embalajes, mientras que posteriormente se informó únicamente el peso neto del mineral.
Sin embargo, remarcó que esa aclaración debió realizarse inmediatamente mediante informes técnicos y documentación oficial para impedir interpretaciones distintas sobre la cantidad de oro incautada.
Para el exdirector de la FELCC, el problema principal no radica necesariamente en la diferencia de peso, sino en la ausencia de una explicación clara por parte de las autoridades responsables.
La liberación de arrestados aumenta las interrogantes
Otro elemento que mantiene bajo observación el caso es la liberación de personas que inicialmente fueron arrestadas durante el operativo.
Barrientos indicó que el cumplimiento estricto del procedimiento es precisamente el mecanismo que garantiza transparencia y permite sostener cualquier investigación. Cuando esas actuaciones no quedan plenamente respaldadas mediante actas y registros, aparecen cuestionamientos que posteriormente resultan difíciles de disipar.
Añadió que intentar «poner parches» sobre actuaciones previamente ejecutadas termina fortaleciendo una «duda razonable» respecto al manejo del caso.
Pedidos de investigación
Las observaciones también llegaron desde la Asamblea Legislativa.
El diputado de Alianza Libre, Mario Herrera, solicitó investigar la actuación policial y sostuvo que, por la magnitud del caso, el ministro del área debía conocer el desarrollo del operativo y promover una investigación que permita esclarecer cada uno de los hechos observados.
Herrera expresó además que la Policía debe cumplir rigurosamente los protocolos establecidos, informar oportunamente a las autoridades competentes y evitar que vuelvan a registrarse situaciones similares.
Desde la bancada de Unidad, el diputado Álvaro Cazasola también cuestionó el desarrollo de la investigación y manifestó que existen dudas sobre la independencia con la que actuaron las instituciones involucradas.
«Todo el Gobierno… No puede ser posible que no tengamos veracidad de la situación», declaró el legislador, quien pidió que las autoridades esclarezcan completamente los hechos para devolver certidumbre al proceso.
Detención preventiva y nuevo pesaje
Mientras continúan las investigaciones, el juez Fernando Daniel Mejía Gallardo dispuso la detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola para Adrián Lema Roca, de 22 años.
El fiscal Gomer Padilla informó que durante la audiencia cautelar el Ministerio Público presentó elementos que sustentan la probabilidad de autoría por los presuntos delitos de contrabando, venta y compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Padilla precisó que el investigado hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio y no prestó declaración.
La autoridad judicial también ordenó la incautación del mineral, su entrega al Banco Central de Bolivia y la realización de un nuevo pesaje antes de formalizar su recepción.
Antecedentes que vuelven a ser mencionados
El secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Ruiz, sostuvo que este caso presenta similitudes con otras investigaciones donde también se denunciaron irregularidades relacionadas con la preservación de evidencias.
«De la casa de Marset se perdieron relojes, también se perdieron las famosas narc0maletas y ahora se pierden 22 kilos de oro. ¿Debe sorprendernos? Absolutamente», manifestó.
Ruiz señaló que estos antecedentes reflejan problemas en la cadena de custodia y afirmó que el Ministerio Público suele conocer varias actuaciones cuando ya ocurrieron los hechos observados.
Solicitan destitución del director de la FELCC
El diputado Rolando Pacheco pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destituir al director departamental de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, luego de que éste atribuyera la liberación de los arrestados a un «error procedimental».
El legislador sostuvo que solicitará peticiones de informe, la triangulación de llamadas telefónicas, el secuestro de celulares y la identificación de todos los funcionarios que participaron durante el operativo.
Asimismo, anunció que pedirá la intervención de la FELCC de Satélite Norte para establecer eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Fiscalía amplía las diligencias
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que la investigación permanece abierta y que cualquier autoridad pública podrá ser convocada si las diligencias así lo requieren.
Explicó que el Ministerio Público solicitará los registros de llamadas, la ubicación y la georreferenciación de comunicaciones para verificar si existieron contactos entre autoridades del Ministerio de Gobierno, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y otros actores relacionados con el caso.
Zeballos también informó que la investigación no se limitará al único imputado. Alcanzará a comercializadores, acopiadores, importadores y cualquier persona natural o jurídica que pudiera haber participado como autor, cómplice, partícipe o encubridor.
La autoridad añadió que existen indicios sobre documentación presuntamente falsificada. Según explicó, el SENARECOM confirmó que el formulario M03 presentado durante el procedimiento no fue emitido por esa institución. Además, informó que ya fue identificada una empresa vinculada al cargamento y que no se descartan nuevos allanamientos, citaciones y otras actuaciones mientras continúe el proceso investigativo.
DUDAS RODEAN EL CASO ORO-MALETAS POR FALLAS EN LA INVESTIGACIÓN
