La propuesta de los gobernadores para redistribuir gradualmente la coparticipación tributaria recibió una respuesta negativa del Ejecutivo, que plantea una reforma estatal más amplia antes de modificar la distribución fiscal.
La administración del presidente Rodrigo Paz cerró la posibilidad de avanzar, por ahora, con la propuesta de los gobernadores para iniciar una redistribución gradual del 50/50 de la coparticipación tributaria sobre el Impuesto a las Transacciones (IT) y también rechazó la transferencia de entidades vinculadas al sector minero y de algunos servicios de salud a la administración departamental. Aunque reconoció que el actual modelo autonómico requiere cambios, el Gobierno sostuvo que la discusión debe desarrollarse dentro de una transformación integral del Estado y no mediante modificaciones parciales en la asignación de recursos.
La posición oficial fue expresada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, un día después de la reunión realizada en El Alto, donde siete gobernadores consensuaron una agenda común para fortalecer las autonomías y enfrentar la crisis financiera que atraviesan las regiones.
Gálvez señaló que el Ejecutivo está dispuesto a recibir las propuestas de los gobiernos departamentales, pero aclaró que el planteamiento no será analizado únicamente desde una perspectiva tributaria.
“Escucharemos todas las sugerencias en todos los ámbitos, pero queremos animar a que estas no se planteen en términos estrictamente de distribución fiscal, sino que se piensen de manera estructural”, afirmó.
Con esa declaración, el Gobierno respondió al principal planteamiento surgido del encuentro de gobernadores, que propone redistribuir de manera progresiva la coparticipación de al menos un impuesto desde la gestión 2027 y ampliar ese proceso de forma escalonada hasta 2031 mediante un proyecto de ley.
Durante la reunión de El Alto, los gobernadores coincidieron en que las administraciones departamentales enfrentan limitaciones económicas crecientes y sostuvieron que la estructura vigente ya no responde a las competencias que fueron asumidas durante el proceso autonómico.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, explicó que las autoridades alcanzaron un acuerdo para impulsar la iniciativa.
“Estamos todos de acuerdo en que la discusión del 50/50 tiene que pasar por una redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto de manera gradual a partir de la gestión 2027”, manifestó.
El planteamiento contempla iniciar el proceso con el Impuesto a las Transacciones e incorporar posteriormente otros tributos, con el objetivo de que la redistribución alcance su aplicación plena en 2031.
Junto con esa propuesta, los gobernadores solicitaron que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y algunos servicios de salud sean administrados por las gobernaciones, bajo el criterio de fortalecer la descentralización y acercar las decisiones a las regiones.
Sin embargo, el Ejecutivo también rechazó esa posibilidad.
“No tiene mucho sentido transferir instituciones que han fracasado, que son corruptas o que tienen acusaciones de ese orden; más bien, la aplicación de las políticas del 50/50 debe darnos un nuevo orden de Estado”, sostuvo Gálvez.
Pese a esa negativa, el vocero aseguró que el Gobierno reconoce las dificultades financieras que afectan a gobernaciones, municipios y otras entidades autónomas, por lo que afirmó que esas necesidades serán atendidas dentro de las posibilidades del nivel central.
“No implica dejar de atender las necesidades inmediatas. Somos totalmente conscientes de que las gobernaciones, las alcaldías y las entidades autónomas regionales están pasando por diversas necesidades económicas debido a esta crisis, y las trataremos en ese marco”, indicó.
Desde las regiones, las autoridades departamentales insistieron en que la situación exige decisiones concretas antes del encuentro convocado por el presidente Rodrigo Paz para el 5 de agosto en Sucre.
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllon, sostuvo que esa cita no puede limitarse a una nueva ronda de conversaciones y pidió que llegue precedida por avances técnicos.
“No podemos seguir esperando”, expresó, al señalar que las mesas de trabajo deben comenzar de inmediato para que la reunión presidencial permita adoptar definiciones sobre la redistribución de recursos.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que la propuesta departamental fue diseñada para desarrollarse por etapas, comenzando con un impuesto específico e incorporando gradualmente otros tributos, con el propósito de generar un nuevo esquema de financiamiento para las autonomías.
Por su parte, el gobernador del Beni, Jesús Egüez, afirmó que los departamentos comparten problemas similares relacionados con la falta de recursos y el incremento de responsabilidades, por lo que consideró indispensable iniciar un trabajo técnico coordinado entre todas las regiones y el Gobierno nacional.
En la misma línea, la gobernadora de Tarija, María René Soruco, recordó que el proceso autonómico comenzó hace dos décadas y consideró que los avances han sido insuficientes.
“Son 20 años que poco se ha avanzado”, afirmó.
La autoridad sostuvo que las regiones requieren mayor soberanía fiscal para atender competencias que actualmente financian con recursos limitados y planteó revisar las normas que, según las gobernaciones, trasladaron obligaciones sin garantizar el financiamiento correspondiente.
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, atribuyó las diferencias económicas entre departamentos al modelo centralista vigente y señaló que la descentralización de recursos e instituciones constituye un paso necesario para reducir las brechas regionales.
Como parte de los acuerdos alcanzados en El Alto, los gobernadores también resolvieron impulsar la abrogación de leyes y decretos aprobados desde 2006 que, según sostienen, restringen las autonomías departamentales y disminuyen la disponibilidad de recursos. Asimismo, anunciaron la conformación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales y la instalación de mesas técnicas con representantes del Ejecutivo para preparar la reunión prevista para el 5 de agosto en Sucre, donde esperan presentar una propuesta consensuada sobre la redistribución tributaria, el fortalecimiento de las autonomías y la reorganización de competencias entre el nivel central y las regiones.
