Órgano Judicial advierte con paro indefinido, Ejecutivo rechaza la medida y Vicepresidencia convoca a diálogo institucional
La falta de presupuesto, los reclamos por atención estatal y la amenaza de suspensión del servicio judicial generaron una disputa entre autoridades del Estado.
La reunión de emergencia del Órgano Judicial en Sucre terminó con una advertencia que elevó la tensión institucional: un paro escalonado que podría llegar a ser indefinido si el Gobierno y la Asamblea Legislativa no atienden sus demandas económicas y normativas. Las autoridades judiciales sostienen que la falta de recursos ha dejado al sistema al límite, mientras el Ejecutivo cuestionó la posibilidad de paralizar la administración de justicia y pidió resolver la crisis mediante coordinación.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que los representantes del Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura decidieron exigir una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz para plantear la situación del Órgano Judicial. El reclamo principal apunta a un presupuesto insuficiente, que según las autoridades judiciales no alcanza ni siquiera al 1% de los recursos nacionales asignados.
La advertencia establece una escala de medidas de presión. Primero se planteó un paro de 24 horas, posteriormente acciones de 48 y 72 horas, hasta llegar, si no existe respuesta, a una suspensión indefinida de actividades judiciales en todo el país.
EL RECLAMO POR RECURSOS LLEGA AL LÍMITE
Las autoridades judiciales argumentan que la falta de financiamiento afecta desde las condiciones básicas de funcionamiento hasta los proyectos destinados a modernizar el sistema. El magistrado Carlos Ortega afirmó que la institución atraviesa una situación crítica por la ausencia de recursos incluso para materiales esenciales.
“Vivimos una crisis presupuestaria profunda. No tenemos ni para comprar tóner y papel”, manifestó Ortega, al señalar que la falta de atención del Ejecutivo obligó a plantear medidas de presión.
El magistrado sostuvo que existe disposición para dialogar, pero pidió que el encuentro sea una instancia real de solución y no una reunión más sin resultados concretos.
Desde el TSJ también cuestionaron que otros sectores logren atención mediante protestas, mientras que las instituciones encargadas de administrar justicia no reciben respuestas oportunas.
Saucedo señaló que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho no estarían siendo escuchados, y comparó esa situación con la atención que reciben sectores que recurren a bloqueos o paralizaciones.
“Si no somos atendidos iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y, si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, declaró.
GOBIERNO CALIFICA LA MEDIDA COMO INACEPTABLE
La respuesta del Ejecutivo llegó a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, quien rechazó el anuncio del Órgano Judicial y consideró que una paralización de la justicia afectaría directamente a la población.
Gálvez calificó como “inaudito” y “reprochable” que las máximas autoridades judiciales planteen suspender el servicio de justicia como mecanismo de presión.
El portavoz explicó que el país atraviesa una crisis económica y que el Gobierno debe revisar el gasto público antes de asumir nuevos compromisos financieros.
“El pueblo boliviano enfrenta una crisis económica”, afirmó, al señalar que cualquier solución debe considerar la situación general del Estado.
Sin embargo, aseguró que existe disposición para recibir la solicitud del Órgano Judicial y abrir una conversación sobre sus necesidades.
El Gobierno también planteó que el problema de la justicia no puede concentrarse únicamente en la asignación de recursos, sino que debe incluir cambios estructurales dentro del sistema judicial.
Gálvez afirmó que la administración de los recursos debe estar orientada a resolver problemas de fondo y no solamente atender demandas presupuestarias inmediatas.
VICEPRESIDENCIA BUSCA EVITAR UNA PARALIZACIÓN NACIONAL
Ante la disputa entre ambos poderes, la Vicepresidencia del Estado convocó a una reunión interinstitucional para este jueves 2 de julio en la ciudad de La Paz.
La convocatoria fue realizada por el vicepresidente Edmand Lara Montaño, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la participación de las principales autoridades judiciales y representantes legislativos.
Al encuentro fueron convocados los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, además de los presidentes de las cámaras legislativas y jefes de bancada.
El objetivo será revisar los proyectos impulsados por el Órgano Judicial, entre ellos iniciativas relacionadas con financiamiento para modernización tecnológica, independencia presupuestaria y una nueva convocatoria para la elección de magistrados.
La Vicepresidencia señaló que la justicia cumple una función esencial dentro del Estado y que es necesario establecer un espacio de coordinación para evitar que el conflicto termine afectando a la ciudadanía.
La convocatoria busca encontrar una salida institucional antes de que se cumpla el plazo anunciado por el TSJ y antes de que una paralización escalonada pueda detener los procesos judiciales en todo el país.
El conflicto queda ahora centrado en una negociación donde el Órgano Judicial exige atención inmediata a sus problemas financieros, mientras el Ejecutivo plantea que cualquier solución debe pasar por una evaluación integral del funcionamiento de la justicia y de las capacidades económicas del Estado.
TSJ AMENAZA CON PARO JUDICIAL Y GOBIERNO BUSCA CONTENER LA CRISIS POR RECURSOS
