Miles de vecinos, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales respaldaron en El Alto una resolución que exige la salida inmediata del Presidente, denuncia persecución a movilizados y declara emergencia permanente.
La ciudad de El Alto volvió a convertirse en escenario de una de las expresiones políticas y sociales más significativas de las últimas semanas. El cabildo convocado por organizaciones vecinales y sectores movilizados aprobó una resolución que ratifica la exigencia de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira, rechaza la convocatoria gubernamental al diálogo y determina mantener el estado de emergencia y la movilización permanente hasta que sus demandas sean atendidas.
La concentración reunió a dirigentes de juntas vecinales, organizaciones sindicales, representantes campesinos y sectores sociales que respaldan las medidas de presión desarrolladas en diferentes regiones del país. Entre las principales determinaciones figura la consolidación de un Pacto de Unidad destinado a coordinar acciones conjuntas frente a la actual coyuntura política y económica.
La lectura oficial de las conclusiones estuvo a cargo del presidente departamental de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, quien afirmó que las bases resolvieron mantener una sola línea de acción. El documento aprobado sostiene que la permanencia del mandatario en el cargo representa un obstáculo para resolver las demandas planteadas por los sectores movilizados.
La resolución también exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas durante los conflictos sociales y demanda el cese de cualquier acción considerada como persecución o amedrentamiento contra dirigentes vecinales, sindicales y ciudadanos que participan en las protestas.
Asimismo, el cabildo reclamó medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de combustibles, controlar el incremento de los productos de primera necesidad y proteger la economía de las familias bolivianas, una preocupación reiterada por los participantes durante toda la jornada.
Uno de los discursos más esperados fue el del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, quien reapareció públicamente en el encuentro después de varias semanas marcadas por denuncias de procesos judiciales y amenazas de aprehensión contra dirigentes sociales.
Durante su intervención, Argollo convocó a preservar la unidad entre las dirigencias y las bases movilizadas. “Les pedimos lealtad con las bases, porque desde la Central Obrera Boliviana no vamos a abandonar a nuestro pueblo y vamos a estar junto a ustedes hasta las últimas consecuencias”, manifestó ante los asistentes.
El dirigente sostuvo además que las movilizaciones responden a decisiones asumidas por las organizaciones sociales y rechazó las versiones que atribuyen financiamiento externo a las protestas. También denunció que existe una política orientada a criminalizar la protesta social.
“Han tratado de criminalizar la protesta. Había sido delito ser portavoz de las bases”, afirmó Argollo, quien además cuestionó la situación del abastecimiento de combustibles y señaló que varios dirigentes enfrentan procesos mientras, según dijo, otros hechos denunciados por organizaciones sociales continúan sin aclaración.
Respecto a la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con el Gobierno, el ejecutivo de la COB señaló que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la voluntad expresada por las bases. “Si el pueblo dice que se vaya al diálogo, iremos; y si decide continuar con las movilizaciones, estaremos al lado del pueblo boliviano”, declaró.
El cabildo también contó con la participación de representantes de organizaciones nacionales. René Soliz, secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, manifestó que las movilizaciones deben mantenerse y expresó su respaldo a las decisiones adoptadas por los sectores presentes en El Alto.
Por su parte, Dieter Mendoza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afirmó que la salida a la crisis pasa por la renuncia presidencial y planteó que, de producirse una sucesión constitucional, se convoque a elecciones generales en un plazo de 90 días.
A su vez, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Feliciano Vegamonte, llamó a ampliar la participación ciudadana en las protestas. “Vamos a seguir convocando a la masificación; esta lucha es en beneficio de todos los sectores”, señaló.
Las resoluciones aprobadas establecen cinco puntos centrales: la liberación de los detenidos en conflictos sociales, el cese de la persecución contra dirigentes y movilizados, medidas inmediatas para garantizar combustible y estabilidad de precios, la declaratoria de emergencia movilizada permanente y la exigencia de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Al cierre del encuentro, Justino Apaza ratificó el respaldo de las organizaciones vecinales a Mario Argollo y reiteró que las bases no avalan una negociación con el Ejecutivo mientras no exista respuesta a las demandas planteadas.
CABILDO VECINAL DE EL ALTO RATIFICA EXIGENCIA DE RENUNCIA DE RODRIGO PAZ Y DESCARTA CUALQUIER DIÁLOGO
