Una prolongada disputa contractual, procesos judiciales acumulados y una deuda que superó el millón y medio de bolivianos terminaron con la pérdida del principal bien inmueble de la organización indígena tsimane.
El Gran Concejo Tsimanes, máxima organización representativa de este pueblo indígena, perdió en 2021 su principal bien inmueble tras un proceso de remate y subasta pública derivado de una deuda judicial ejecutoriada a favor de la empresa constructora Arquitectura Arte y Construcción 3 Studio, representada legalmente por el arquitecto Franklin Andrés Ortega Camacho.
Los antecedentes del caso se remontan a 2012, cuando la dirigencia encabezada por Cándido Nery Tayo contrató a la empresa para la elaboración de tres proyectos técnicos. Según la documentación presentada dentro de los procesos judiciales, los trabajos no fueron cancelados, situación que derivó en una demanda por daños y perjuicios. Con la acumulación de obligaciones, intereses y otros conceptos establecidos por la vía legal, la deuda alcanzó los 1.531.750 bolivianos.
Entre los proyectos desarrollados figuró el diseño de la nueva sede del Gran Concejo Tsimanes, posteriormente presentada ante la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). La empresa 3 Studio se adjudicó la construcción de la obra, financiada con una inversión aproximada de 3,5 millones de bolivianos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la empresa, los primeros meses de ejecución se desarrollaron conforme al cronograma. Sin embargo, el proceso se vio afectado por desacuerdos surgidos durante la gestión de planillas de pago. La constructora sostuvo que exdirigentes de la organización realizaron exigencias económicas que derivaron en conflictos administrativos y paralizaron el avance normal de la obra.
La controversia escaló posteriormente al ámbito judicial. Ortega denunció la existencia de documentos presuntamente falsificados y actuaciones irregulares utilizadas para sustentar la rescisión del contrato. En ese contexto fueron iniciadas acciones legales contra exdirigentes y otras personas vinculadas al caso, entre ellas Cándido Nery Tayo, Enrrique Cunai Cayuba, Jorge Añez Claros, Edwin Flores Pérez y otros involucrados mencionados en los expedientes.
Como resultado de los procesos promovidos para recuperar los montos reclamados, el inmueble del Gran Concejo Tsimanes fue sometido a remate judicial. El predio, de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, contaba con diversas edificaciones, incluida la sede institucional.
Según el avalúo pericial incorporado al expediente, el valor del bien alcanzó 4.037.621 bolivianos. En febrero de 2021, durante la tercera audiencia pública de subasta y remate realizada ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero, se procedió a la adjudicación del inmueble con la rebaja legal correspondiente.
La propiedad fue adjudicada por 3.230.097 bolivianos a Franklin Andrés Ortega Camacho, representado en el acto por Franklin Paz Ruiz. De acuerdo con la documentación citada en el proceso, representantes del Gran Concejo Tsimanes no participaron en la audiencia definitiva de remate.
Posteriormente, parte de las infraestructuras cambiaron nuevamente de propietario mediante operaciones privadas. Mientras tanto, la organización indígena continúa ocupando algunos espacios del predio, aunque enfrenta órdenes judiciales de desalojo. La situación generó además profundas diferencias internas entre los comunarios, quienes denuncian que durante años no recibieron información completa sobre el litigio que terminó con la pérdida de la histórica sede de su organización.
