Mientras las protestas crecían en La Paz y El Alto, la Fiscalía ordenó capturas contra dirigentes sindicales y sociales acusados de terrorismo, provocando denuncias de persecución política y criminalización de la protesta.
La decisión del Ministerio Público de emitir órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, campesinos y vecinales que participan en las movilizaciones contra el Gobierno abrió una nueva etapa de tensión política en el país. La medida alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; al senador suplente Nilton Condori; y a los dirigentes Davis Quispe, Juan Héctor Huacani, Justino Apaza y Winston Gemio Quispe, todos vinculados a las protestas y bloqueos que desde hace más de dos semanas mantienen paralizadas varias zonas de La Paz y El Alto.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que las resoluciones de aprehensión ya fueron emitidas tras informes policiales y de inteligencia remitidos por el Ministerio de Gobierno. Según explicó la autoridad, los investigados son procesados por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra servicios públicos.
“Ya se ha emitido una resolución de aprehensión fundamentada”, declaró Mariaca, al señalar que la ejecución de los mandamientos quedó en manos de la Policía Boliviana.
La noticia se conoció en medio de una jornada marcada por fuertes movilizaciones en el centro paceño. Columnas de campesinos, sectores afines al evismo, maestros rurales, ponchos rojos y organizaciones sindicales avanzaron hacia inmediaciones de la plaza Murillo. La presencia policial derivó en enfrentamientos y uso de agentes químicos para impedir el ingreso de los manifestantes al kilómetro cero.
Mario Argollo pasó a convertirse en uno de los principales objetivos judiciales luego de encabezar las protestas impulsadas por la COB. Las movilizaciones comenzaron exigiendo un incremento salarial del 20% y otras demandas económicas, aunque posteriormente derivaron en un rechazo frontal a la administración del presidente Rodrigo Paz. Tras varias reuniones sin acuerdos con autoridades nacionales, distintos sectores resolvieron romper cualquier posibilidad de diálogo y endurecer las medidas de presión.
Las órdenes de captura también alcanzan al senador suplente Nilton Condori, representante de Alianza Unidad y participante activo en las protestas. Junto a él aparecen dirigentes de organizaciones campesinas y vecinales, entre ellos Davis Quispe, ejecutivo de la CSUTCB; Juan Héctor Huacani, representante del sector de Puerto Acosta; Justino Apaza, dirigente de la Fejuve de Bolivia; y Winston Gemio Quispe, identificado con grupos autoconvocados de El Alto.
El contenido de la resolución fiscal sostiene que existen elementos suficientes para proceder con la aprehensión de los acusados. El documento cita disposiciones del Código de Procedimiento Penal y señala que las investigaciones se apoyan en informes policiales y antecedentes recogidos durante las protestas.
