Mientras Bolivia atraviesa días de tensión, la Cancillería cuestiona pronunciamientos internacionales que piden salidas pacíficas, pero evita responder a gobiernos y actores extranjeros que respaldan abiertamente al Ejecutivo de Rodrigo Paz.
La política exterior boliviana quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que la Cancillería rechazara las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de emitir opiniones improcedentes sobre la crisis social y política que vive el país. La reacción oficial contrastó con el silencio mantenido frente a mensajes y respaldos públicos de otros gobiernos y representaciones diplomáticas que expresaron apoyo abierto a la administración de Rodrigo Paz.
La controversia se instaló después de que Petro señalara en sus redes sociales que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y ofreciera la disposición de su gobierno para acompañar una eventual salida pacífica si fuera invitado. El mandatario colombiano también cuestionó la situación política boliviana y pidió evitar la existencia de “presos políticos” en la región.
Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que calificó esas declaraciones como ajenas al espíritu de amistad entre ambos países. La Cancillería sostuvo que cualquier interpretación externa sobre los hechos internos bolivianos “distorsiona la naturaleza de los acontecimientos actuales” y puede agravar la confrontación social.
El documento oficial recordó además el principio de no injerencia y afirmó que la crisis debe resolverse únicamente por los bolivianos, mediante mecanismos institucionales y diálogo político. Sin embargo, la postura generó observaciones debido a que el Gobierno no emitió ninguna respuesta similar frente al pronunciamiento realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.
La delegación diplomática estadounidense expresó públicamente su respaldo al presidente Paz y rechazó “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido”. El mensaje también respaldó las acciones del Ejecutivo para recuperar el control de las carreteras y garantizar el abastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos en medio de los bloqueos instalados en distintos puntos del país.
Ese comunicado fue difundido mientras miles de efectivos policiales y militares ejecutaban el operativo denominado “Corredor Humanitario”, desplegado principalmente en accesos a la ciudad de La Paz y sectores de El Alto, donde persistían protestas impulsadas por organizaciones sociales y sectores afines a la Central Obrera Boliviana.
Los operativos permitieron momentáneamente el ingreso de cisternas, medicamentos y combustible de aviación, aunque varias rutas volvieron a ser bloqueadas horas más tarde por grupos movilizados que exigen la renuncia del mandatario.
En medio de ese escenario, las críticas se concentraron en la actuación de la Cancillería, acusada de aplicar criterios distintos según el origen de los pronunciamientos internacionales. Mientras las declaraciones de Petro fueron calificadas como injerencia, los respaldos externos favorables al Gobierno no recibieron cuestionamiento alguno.
El expresidente Evo Morales también intervino en la polémica al agradecer públicamente a Petro por “comprender el verdadero proceso que vive Bolivia” y por ofrecer alternativas pacíficas frente a la crisis.