La movilización indígena y campesina llegó de madrugada a Caranavi, sumando respaldo social y nuevos contingentes, mientras exige la anulación de la Ley 1720 y denuncia falta de consulta previa.
La marcha indígena y campesina que partió desde el norte amazónico ya pisa territorio yungueño. La madrugada de este domingo, la columna ingresó a Caranavi tras más de dos semanas de caminata, en medio de aplausos, alimentos compartidos y adhesiones de organizaciones sociales que decidieron acompañar el reclamo.
Los movilizados mantienen una sola exigencia: la anulación de la Ley 1720. Aseguran que la norma fue aprobada sin consulta a los pueblos indígenas y que pone en riesgo la tenencia de la tierra en comunidades rurales. En su paso por Caranavi, la presencia de vecinos, transportistas y dirigentes locales confirmó que la marcha no llega sola; crece en número y respaldo.
“Señor presidente, si usted se siente incapaz de solucionar los problemas, váyase del país. No espere que avancemos más porque están las horas contadas para usted”, lanzó uno de los dirigentes campesinos en medio de la concentración, reflejando el tono que ha marcado la movilización desde su salida.
Otros participantes insistieron en que el objetivo es llegar a La Paz sin retroceder. “Estamos con la frente en alto, con este calor humano nos dan más fuerza para llegar a la sede de gobierno y pedir la anulación de esta ley que afecta al sector campesino”, afirmaron. También denunciaron que la normativa “no fue socializada” y que responde a intereses ajenos a las comunidades.
Durante la jornada, organizaciones sociales de Caranavi anunciaron medidas de presión paralelas. Desde la medianoche del lunes, se instalarán bloqueos de caminos en respaldo a la marcha. “El pueblo está sufriendo, vamos a cerrar carreteras también”, advirtió un dirigente regional. Desde el transporte, la decisión también fue ratificada: el sector se sumará al bloqueo como señal de apoyo.
La movilización no solo mantiene su ruta; también suma nuevas columnas. Desde Beni, alrededor de 300 indígenas de distintas subcentrales se organizan para alcanzar a la marcha principal. Participan delegaciones del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, el Territorio Indígena Multiétnico y el Cabildo Indigenal de Bella Selva, además de representantes de pueblos Mojeño, Yuracaré, Tsimane y Movima.
Antes de iniciar su recorrido, los grupos realizaron un acto religioso en San Ignacio de Mojos. “Estamos listos para ir a la marcha”, confirmó el dirigente Armando Sabi, quien además pidió garantías para la integridad de los participantes durante el trayecto.
Desde la dirigencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni también se ratificó la decisión de movilizarse. “Vamos a marchar porque el Gobierno mantiene actitudes que van en contra de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Víctor Yva. Según explicó, la Ley 1720 afecta a comunidades con procesos de saneamiento de tierras y genera incertidumbre sobre la propiedad.
Los testimonios recogidos en la ruta reflejan el costo humano de la caminata. “Son 18 días de marcha desde Pando, hemos dejado a nuestras familias, hay compañeros con ampollas, ya no pueden caminar”, relató uno de los marchistas. A pesar del desgaste físico, la columna continúa avanzando hacia la sede de gobierno, ubicada a más de 160 kilómetros desde Caranavi.
Las críticas a la norma también apuntan a su origen. Algunos dirigentes la identifican como una medida que favorecería a grandes propietarios. “Esta ley fue hecha para beneficiar a una rosca de empresarios”, señalaron, reiterando su rechazo y descartando cualquier posibilidad de abandonar la movilización.
ACUERDO GOBIERNO – CIDOB GENERA MALESTAR EN LA MARCHA
Mientras la marcha avanza, otro frente se mueve en sentido distinto. Dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que no participan en la caminata, firmaron un acuerdo con el Gobierno para modificar la Ley 1720 mediante la incorporación de un nuevo artículo.
El documento fue suscrito por representantes del Ejecutivo y por el dirigente Lino Illimuri, con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano. Según lo anunciado, el objetivo es ajustar la normativa para resguardar derechos sin eliminarla.
El presidente Rodrigo Paz destacó que el acuerdo es resultado de reuniones previas y que busca equilibrar intereses. Desde el Gobierno se sostiene que la modificación permitirá atender las observaciones sin necesidad de anular la ley.
Sin embargo, la marcha desconoce ese entendimiento. Los dirigentes en ruta consideran que quienes firmaron el documento no representan a las bases movilizadas. Aseguran que no hubo acercamiento con la columna principal y que el acuerdo no responde a las demandas planteadas desde el inicio de la protesta.
En Caranavi, esa postura fue reiterada. Los marchistas insistieron en que la única salida es la anulación total de la norma. “No vamos a claudicar, vamos a seguir en la lucha”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la falta de consulta previa.
El escenario se mantiene abierto. Con más sectores sumándose, bloqueos anunciados y la columna avanzando hacia La Paz, la movilización se convierte en un foco de presión que crece día a día. Mientras tanto, la respuesta oficial se mantiene en la vía de la modificación legal, una alternativa que hasta ahora no logra frenar la marcha.
