El empresario advierte que el déficit fiscal proyectado del 9% compromete acuerdos internacionales y cuestiona la demora del Gobierno en presentar un presupuesto que, según afirma, no resolverá la crisis económica.
La presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 abrió un nuevo frente de tensión política y económica. Apenas horas después de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, expusiera los principales lineamientos, el empresario y líder político Samuel Doria Medina salió a cuestionar con dureza el documento oficial.
A través de sus redes sociales, Doria Medina calificó el presupuesto como “decepcionante” y puso el foco en uno de sus pilares: el déficit fiscal proyectado en 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Según su lectura, la cifra no solo mantiene niveles elevados respecto a años anteriores, sino que además bloquea la posibilidad de acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.
“El Ministro de Economía finalmente presentó su presupuesto, pero decepcionó. Plantea un déficit fiscal del 9%, es decir, igual al de 2023. Con esa cifra no puede haber acuerdo internacional para formar un fondo de estabilización”, sostuvo. En su criterio, el país pierde credibilidad ante eventuales organismos o acreedores.
El empresario también cuestionó el tiempo que tomó la elaboración del documento. Recordó que la propuesta llegó tras seis meses de espera y consideró que el resultado no introduce cambios estructurales. “Se necesitó seis meses de rodeos y dilaciones para llegar a esto”, afirmó, al describir la política económica planteada como “inmovilista”.
Desde el Gobierno, Espinoza defendió el contenido del PGE y aseguró que fue construido sobre bases más realistas que el presupuesto vigente. Explicó que el nuevo cálculo contempla un monto global cercano a 390.000 millones de bolivianos, con una inflación proyectada del 14% y un crecimiento económico por debajo del 1%.
El ministro también señaló que el déficit heredado era mayor al inicialmente reportado y que la reformulación apunta a reducirlo desde niveles estimados en torno al 15% hasta el 9%. Para ello, se incluyó un recorte del gasto público superior a 4.100 millones de bolivianos y una disminución de la inversión pública en más de 4.800 millones.