Marcha indígena avanza tras fracaso total del diálogo por ley 1720. Después de varios días de negociación sin resultados, comunidades de Beni y Pando mantienen su marcha hacia La Paz exigiendo la anulación de la norma que permite cambiar la clasificación de tierras.
La movilización de campesinos e indígenas provenientes de Beni y Pando continúa su avance hacia la sede de Gobierno luego de que las conversaciones instaladas en Rurrenabaque no lograran un acuerdo. Las delegaciones oficiales desplazadas al lugar no consiguieron modificar la postura de los marchistas, quienes ratificaron su exigencia central: la abrogación de la Ley 1720.
La caminata se inició hace diez días y, desde entonces, ha sumado respaldo en distintos puntos del recorrido. Durante tres jornadas, representantes del Ejecutivo instalaron mesas de trabajo con los dirigentes, con la participación de autoridades de las áreas de tierras, desarrollo agropecuario y seguridad interna. El objetivo fue explicar el alcance de la norma y plantear alternativas dentro del marco legal vigente.
Desde el Gobierno se insistió en que la ley no afecta la propiedad colectiva y que el mecanismo de cambio de categoría —de pequeña a mediana propiedad— es voluntario, solicitado por el propio titular y sujeto a requisitos establecidos. También se ofreció avanzar en procesos de titulación en regiones donde existen demandas históricas, particularmente en Pando y Beni.
Pese a estas propuestas, los representantes de la marcha rechazaron las explicaciones oficiales. Argumentan que la normativa abre la posibilidad de concentración de tierras y debilita la estructura comunitaria. Señalaron, además, que varios artículos contravienen principios constitucionales, por lo que consideran insuficiente cualquier ajuste que no implique su eliminación total.
Las autoridades plantearon que el camino institucional para cuestionar la ley es la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, propuesta que fue puesta sobre la mesa durante las reuniones. Sin embargo, esta alternativa no fue aceptada por los movilizados, quienes optaron por mantener la presión en las calles.
Tras el cierre de las mesas técnicas, los voceros gubernamentales indicaron que se aceptaron los puntos planteados por los dirigentes en términos de agenda, aunque no se logró detener la marcha. También manifestaron preocupación por la presencia de intereses externos que, según su versión, estarían influyendo en la continuidad de la protesta.
Con el diálogo suspendido y sin señales de acercamiento inmediato, la columna de manifestantes retomó su recorrido hacia La Paz, consolidando un conflicto que se traslada ahora del espacio de negociación al terreno de la movilización sostenida.
