Un estudio de Coolosa Comunicaciones, aplicado a 6.040 personas en ciudades de Bolivia, revela una crisis de credibilidad, alta desaprobación y deterioro económico en la evaluación ciudadana del Gobierno.
A cuatro meses de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta un escenario marcado por la desconfianza ciudadana. El dato más relevante del sondeo nacional de opinión sitúa en 81% el porcentaje de personas que afirma tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas estructurales del país. Se trata del indicador más elevado del estudio y el que define el tono general de la evaluación pública.
El nivel de desconfianza no se presenta de forma aislada. Está acompañado por una desaprobación mayoritaria de la gestión presidencial. El 62% de los encuestados expresa una valoración negativa del desempeño del Gobierno, mientras que un 27% manifiesta niveles de aprobación en distintos grados. Un 11% opta por no emitir criterio. La diferencia entre ambos bloques refleja una distancia amplia en la percepción ciudadana.
La evaluación sobre la dirección del país refuerza esta tendencia. El 68% de los participantes considera que Bolivia avanza en una dirección incorrecta, frente a un 31% que estima que el rumbo es el adecuado. Este indicador introduce un elemento adicional: no solo se cuestiona la gestión, sino también la orientación general de las decisiones adoptadas en estos primeros meses.
En el ámbito económico, la percepción de los hogares muestra un deterioro significativo. El 54% de los encuestados afirma que su situación económica ha empeorado en comparación con el año anterior. En contraste, un 20% señala que ha mejorado, mientras que un 26% indica que no ha experimentado cambios. La diferencia entre quienes perciben retrocesos y quienes reportan avances consolida una visión predominantemente negativa en este ámbito.
El estudio fue realizado por Coolosa Comunicaciones entre el 2 y el 30 de marzo de 2026, con una muestra de 6.040 personas en las principales ciudades del país. La cobertura incluye El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija, lo que permite una lectura amplia de la percepción urbana.
En cuanto a la composición de la muestra, el 47% de los encuestados cuenta con formación universitaria y el 30% con educación técnica, mientras que el resto se distribuye entre niveles secundarios, primarios y de posgrado. En el ámbito laboral, el 41% se identifica como trabajador independiente, el 29% como desempleado, el 21% como empleado formal y el 9% en otras categorías. La distribución por edad muestra una mayor presencia de población entre 25 y 44 años, seguida por jóvenes de 18 a 24 años.
FACTORES DE TENSIÓN EN LA GESTIÓN
El contexto en el que se desarrolla esta evaluación está influido por una serie de problemas que han generado cuestionamientos públicos hacia la administración gubernamental. Uno de los más visibles se relaciona con la calidad del combustible distribuido en el país. En distintos departamentos se han reportado denuncias sobre gasolina de bajo rendimiento, lo que ha derivado en fallas mecánicas y afectaciones a miles de motorizados, tanto del transporte público como privado.
Conductores, sindicatos del transporte y usuarios han expresado reiteradas quejas por el desempeño del combustible, señalando una disminución en la eficiencia y daños en los vehículos. Este problema ha tenido un impacto directo en la actividad diaria, elevando costos de mantenimiento y generando incertidumbre en sectores que dependen del transporte como principal fuente de ingresos.
A ello se suma la percepción de una respuesta insuficiente por parte del Gobierno. Las críticas apuntan a la falta de soluciones efectivas y a la ausencia de medidas correctivas inmediatas que permitan restablecer la confianza en la calidad del producto. La prolongación del problema ha intensificado el malestar y ha contribuido a reforzar la evaluación negativa reflejada en el sondeo.
Otro episodio que ha generado repercusión es el denominado caso de las “32 maletas”, que hasta la fecha no encuentra responsables y no se tiene una versión oficial del contenido de las mismas, pese a que extraoficialmente se conoce que habrían ingresado millones de dólares.
