Expresidentes, líderes políticos y analistas cuestionan la obra chilena por considerarla una señal hostil y contraria a acuerdos históricos, mientras la Cancillería boliviana insiste en que no se rompe el diálogo bilateral vigente.
La decisión del presidente de Chile, José Antonio Kast, de ejecutar una zanja de gran escala en la frontera norte encendió una reacción inmediata en Bolivia. Exmandatarios, actores políticos y referentes públicos coincidieron en calificar la medida como un gesto adverso, mientras el Gobierno, a través de su canciller, optó por un tono prudente y aseguró que el vínculo bilateral continúa sin interrupciones.
Desde distintos frentes, las críticas se enfocaron en el impacto político y simbólico de la obra. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió que la determinación chilena “contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904”, recordando que ese acuerdo garantiza a Bolivia el “más amplio y libre derecho de tránsito” hacia el Pacífico. A su juicio, la construcción de barreras físicas “no es la mejor señal de buena vecindad”, una frase que refleja la incomodidad instalada en sectores diplomáticos y jurídicos del país.
En la misma línea, Evo Morales elevó el tono al vincular la medida con políticas restrictivas internacionales. “Imitando a Donald Trump, el presidente chileno anunció la construcción de muros en las fronteras”, sostuvo, añadiendo que la iniciativa apunta a “perseguir, criminalizar y encarcelar migrantes”. El exmandatario también afirmó que la instalación de obstáculos físicos y la militarización “violan el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”.
Las observaciones no se limitaron a estos dos liderazgos. Jorge Quiroga cuestionó el inicio de las obras y su trasfondo político, mientras Samuel Doria Medina expresó preocupación por el mensaje que se proyecta en la relación bilateral. Ambos coincidieron en que la medida se aleja de un espíritu de cooperación y entendimiento entre Estados vecinos.
Pese a la presión interna, la Cancillería boliviana marcó distancia de las posturas más duras. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, sostuvo que la decisión chilena no interfiere con los canales abiertos entre ambos países. “No interrumpe el diálogo que venimos a tener”, afirmó, subrayando que se trata de una determinación adoptada por Santiago en el marco de su soberanía. “Ellos entienden que esa es una forma de controlar sus fronteras”, agregó.
Desde Chile, el Gobierno defendió la iniciativa como parte de un plan integral de seguridad. Kast anunció el despliegue del denominado “Escudo Fronterizo”, que combina infraestructura, presencia militar y tecnología. “Este es un sistema para cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado”, afirmó el mandatario, quien además destacó que las barreras físicas “no funcionan por sí solas” y requieren vigilancia permanente.
El plan contempla una zanja de hasta 30 kilómetros de extensión, junto con puestos de observación y control militar en regiones del norte chileno. Autoridades de ese país también adelantaron medidas legislativas para sancionar el traslado de migrantes irregulares y acelerar procesos de expulsión.
Mientras Chile defiende su estrategia como un mecanismo de protección territorial, en Bolivia crece la percepción de que la obra trasciende lo operativo y afecta la confianza entre ambos Estados. Aun así, el Gobierno boliviano insiste en sostener el canal diplomático abierto, en un escenario marcado por tensiones políticas y lecturas contrapuestas sobre un mismo hecho.
