El documento aprobado señala que las máximas autoridades del Estado deben presentarse cuando sean convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cámara de Diputados aprobó una resolución que establece la obligación de las autoridades de instituciones públicas de atender los requerimientos de fiscalización emitidos por el Legislativo. La decisión fue adoptada por el pleno parlamentario luego de la suspensión de una interpelación dirigida al ministro de Hidrocarburos, situación que motivó a los legisladores a fijar una posición institucional sobre el cumplimiento de estos actos de control.
El documento aprobado señala que las máximas autoridades del Estado deben presentarse cuando sean convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El texto aprobado determina que la asistencia a estos actos forma parte de las responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, informó que la resolución fue respaldada por la totalidad de los legisladores presentes en la sesión. “Las autoridades tienen el deber de responder a las solicitudes de fiscalización que emite el Legislativo”, afirmó durante la lectura oficial del documento aprobado en el pleno.
La norma precisa que las convocatorias para actos de fiscalización, incluidas las interpelaciones, deben ser atendidas por los titulares de las instituciones públicas. Según el contenido de la resolución, únicamente circunstancias calificadas como fuerza mayor o casos fortuitos podrían justificar la ausencia de una autoridad convocada por el Legislativo.
Castro explicó que la determinación busca garantizar el ejercicio efectivo de las atribuciones constitucionales de control que corresponden al Parlamento. “La comparecencia ante la Asamblea Legislativa es obligatoria para las autoridades jerárquicas del Estado”, declaró.
Tras la aprobación, la presidencia de Diputados dispuso la notificación oficial de la resolución a distintas instancias del Estado. El documento fue remitido al Órgano Ejecutivo y al Órgano Judicial para su conocimiento institucional.
Además, la resolución fue enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de dejar constancia formal de la determinación adoptada por el Legislativo.