La dimisión de la viceministra de Autonomías abrió una fuerte presión política desde Santa Cruz para que el Gobierno designe una autoridad técnica y comprometida con el modelo de redistribución estatal “50/50”.
La salida de Andrea Barrientos del Viceministerio de Autonomías reactivó las demandas de los principales liderazgos cívicos y políticos de Santa Cruz, que ahora reclaman que el Gobierno nombre una autoridad con perfil técnico y clara orientación autonomista.
Barrientos presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz, difundida públicamente la noche del viernes. En el documento sostuvo que su decisión busca evitar mayores tensiones institucionales dentro de la gestión gubernamental. “Considero que esta decisión contribuye a preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental y a mantener el clima de respeto que debe caracterizar al servicio público”, señala el texto de dimisión.
La salida se produjo luego de críticas de sectores cruceños a la posición que mantenía la ahora exautoridad respecto al ritmo y a los plazos del proceso orientado a construir un nuevo esquema de administración estatal.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respaldó la renuncia y señaló que la región espera un reemplazo con una visión alineada al régimen autonómico establecido por la Constitución. “Esperemos que la nueva autoridad comprenda algo fundamental: Bolivia es un Estado plurinacional con autonomías”, afirmó.
Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz también se pronunciaron en la misma línea. Su presidente, Stello Cochamanidis, sostuvo que la dimisión era necesaria frente a la resistencia que había generado la exviceministra en el departamento.
El dirigente cívico remarcó que ahora corresponde avanzar en la designación de una autoridad que impulse el modelo denominado “50/50”, planteado como un mecanismo para equilibrar recursos y competencias entre el nivel central y las regiones.
El vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, coincidió en que la renuncia evidencia la necesidad de ajustar la conducción del proceso autonómico en el país.