El presidente de YPFB rechazó denuncias por millonarias compras de crudo, aseguró que no existen contratos firmados para 2026 y afirmó que la estatal actuó con criterios técnicos y sin daño económico.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, salió públicamente a rechazar las acusaciones sobre un supuesto sobreprecio en la adquisición de crudo y la presunta suscripción de contratos con la empresa Trafigura. La autoridad afirmó que la estatal no incurrió en irregularidades y que las denuncias difundidas por legisladores y el vicepresidente Edmand Lara contienen información incompleta.
Akly sostuvo que los contratos correspondientes al programa anual 2026 no fueron firmados y remarcó que no existe documento contractual vigente en los términos señalados por los denunciantes. Según su declaración, los procedimientos observados forman parte de procesos administrativos que no concluyeron en la formalización de contratos definitivos.
Frente a las versiones que hablan de un sobreprecio millonario, el titular de la petrolera estatal indicó que las comparaciones difundidas toman como referencia ofertas de otras empresas, entre ellas Botrading, que —según recordó— enfrenta investigaciones y observaciones previas. Señaló que los datos presentados omiten variables técnicas determinantes como condiciones logísticas, estructura de costos, plazos de entrega y características específicas del suministro.
La autoridad también manifestó que la actual administración dio continuidad a gestiones iniciadas en periodos anteriores con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno de combustibles. En ese marco, defendió que las decisiones adoptadas respondieron a criterios técnicos y a la necesidad de garantizar la provisión energética del país.
Respecto a la denuncia penal presentada en su contra, Akly aseguró que YPFB acudirá a todas las instancias que correspondan y pondrá a disposición la documentación del proceso de contratación, incluida la información sobre recepción y evaluación de propuestas. Reiteró que la empresa estatal no generó daño económico al Estado y que las acusaciones se basan en interpretaciones parciales.
Las denuncias, impulsadas por legisladores de Alianza Popular y por el vicepresidente Lara, sostienen