El retiro de la subvención, fallas de control y versiones contradictorias marcaron el inicio del mandato, mientras conductores y talleres reportan daños, costos y parálisis vehicular en ciudades del país.
A noventa días de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz enfrenta su primer conflicto de alto impacto social con la gasolina como eje. La decisión inicial de levantar la subvención a los hidrocarburos abrió un nuevo esquema de precios que, según cifras oficiales del Ministerio de Economía, alivió el gasto fiscal. Ese ahorro, sin embargo, llegó acompañado de una cadena de problemas operativos y comunicacionales que terminaron afectando de manera directa a la población.
Desde el inicio del nuevo esquema, transportistas particulares y públicos comenzaron a reportar fallas mecánicas tras la carga de gasolina y diésel. Los reclamos se multiplicaron en estaciones de servicio de Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con vehículos varados y filas en talleres. Mecánicos consultados en estos centros urbanos coincidieron en un patrón: daños en inyectores, bombas y sistemas de combustión asociados a combustible contaminado o fuera de especificación. Talleres independientes y asociaciones del rubro confirmaron que, en las últimas cuatro semanas, la mayoría de los ingresos respondió a ese tipo de averías.
Las versiones oficiales no siguieron una sola línea. Autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos negaron inicialmente problemas de calidad, descartaron fallas en la mezcla con etanol y atribuyeron los reclamos a factores ajenos al producto. Esas posiciones constan en conferencias de prensa y comunicados institucionales difundidos por los propios entes reguladores.
Días después, el ministro de la Presidencia, Lupo, reconoció públicamente que existían inconvenientes en la gasolina que llegaba al consumidor final. Esa admisión forzó un giro en el discurso gubernamental. A partir de entonces, se ensayaron explicaciones que apuntaron a residuos en tanques de almacenamiento, deficiencias en procesos de mezcla, falta de limpieza en instalaciones de recepción y la presencia de remanentes de la gestión anterior. Ninguna de estas afirmaciones fue acompañada, hasta ahora, por informes técnicos publicados de manera íntegra y accesible.
El Presidente no ofreció una explicación detallada y optó por señalar un presunto sabotaje interno en YPFB. La denuncia fue presentada cuando el problema ya se encontraba extendido y documentado por usuarios, estaciones de servicio y talleres, lo que profundizó la percepción de desorden en la gestión del sector energético.
El impacto cotidiano quedó a la vista. Conductores particulares y del transporte público asumieron costos elevados por reparaciones, remolques y días sin trabajo. En Trinidad, una de las ciudades más afectadas, la concejal Carla Sittyc expresó su molestia: “Estoy indignada, nos metieron gato por liebre, este gobierno es peor que el anterior”. Su testimonio se suma a decenas de reclamos formales presentados ante defensorías del consumidor y autoridades municipales.