Tras varios encuentros sin acuerdo, la Central Obrera Boliviana y el Ejecutivo suspendieron negociaciones por el Decreto 5503. La dirigencia sindical mantiene la exigencia de abrogación total y el Gobierno rechaza modificar su postura.
La mesa de diálogo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno volvió a quebrarse este viernes, luego de que ninguna de las partes cediera en sus posiciones respecto al Decreto Supremo 5503. Mientras la dirigencia sindical exige su abrogación total, el Ejecutivo ratificó que esa opción no está en discusión, dando por concluida la jornada de conversaciones sin avances concretos.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó la ruptura al salir de la Casa Grande del Pueblo. Explicó que, pese a que la organización propuso rescatar los artículos que consideran positivos y redactar una nueva norma paralela, los ministros rechazaron esa alternativa. Según Argollo, el Gobierno mantuvo una postura “cerrada” y no mostró disposición a retroceder en su decisión de preservar el decreto vigente.
El dirigente cuestionó la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las movilizaciones que se desarrollan en el país. De acuerdo con reportes de la propia COB, existen más de 50 puntos de bloqueo en carreteras y ciudades, con una demanda única: la eliminación del Decreto 5503. Pese a esta presión social, el Ejecutivo reiteró que la norma es innegociable.
Argollo también criticó al presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien acusó de traicionar el respaldo electoral recibido en las comunidades y sectores populares. Señaló que el Gobierno estaría ignorando deliberadamente las demandas de las mayorías movilizadas. “Nos sentimos decepcionados. Se pidió el voto al pueblo y hoy se le da la espalda”, declaró ante los medios.
Otro de los cuestionamientos de la COB se dirigió al Órgano Judicial. El dirigente recordó que la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz rechazó una acción popular presentada contra el Decreto 5503, al considerar que ese recurso no era la vía adecuada para impugnar la constitucionalidad de una norma. Para la dirigencia sindical, esta decisión refleja una supuesta subordinación de la justicia al poder político.
Desde la óptica de la COB, el Decreto 5503 tiene efectos similares o incluso peores que el Decreto Supremo 21060, promulgado en 1985, al que responsabilizan por profundas afectaciones a la clase trabajadora. Argollo sostuvo que, a diferencia de aquel periodo, ahora existe la oportunidad de una reacción organizada para evitar consecuencias negativas. En ese marco, convocó a todos los sectores sociales a sumarse a las medidas de presión.
El dirigente pidió especialmente el respaldo de grupos que en semanas recientes alcanzaron acuerdos con el Gobierno, como cooperativistas mineros y transportistas. Los exhortó a alinearse con las movilizaciones y reforzar las protestas en defensa de la demanda sindical.
Por su parte, los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza, informaron que el diálogo ingresó en un cuarto intermedio, aunque en la práctica quedó suspendido. Espinoza afirmó que el Ejecutivo mostró apertura para revisar artículos observados por la COB y aceptó realizar ajustes parciales. Sin embargo, indicó que en la última reunión la dirigencia retornó a la exigencia de “abrogación o nada”.
“El Gobierno considera inaceptable eliminar completamente el decreto”, señaló el ministro, argumentando que la norma responde a objetivos que ya fueron explicados públicamente. Añadió que la postura sindical impidió avanzar hacia un acuerdo.
