El embajador Mike Waltz rechazó públicamente la legitimidad de la ONU tras el rechazo de sus acciones en Venezuela, defendiendo recortes presupuestarios y eludir resoluciones del organismo multilateral.
En los últimos días, la relación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas ha llegado a un punto de tensión pública sin precedentes recientes, marcado por declaraciones explícitas de rechazo por parte del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz. La crisis se profundizó después de que el organismo multilateral manifestara reservas y críticas a una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a territorio estadounidense bajo cargos penales.
Ante la cobertura internacional, Waltz concedió entrevistas y participó en sesiones ante el Consejo de Seguridad en las que puso en tela de juicio la autoridad de la ONU para juzgar las acciones de Washington. En una entrevista televisada, el embajador estadounidense calificó a la organización como “ridícula” y anunció que la administración seguiría “evadiendo y desfinanciando” al organismo. Waltz destacó el recorte de más de 3.000 funcionarios en agencias de la ONU como logro de política exterior estadounidense, describiendo estos actos como necesarios para reducir lo que él denominó “burocracia innecesaria”.
El contexto de estas declaraciones es una fuerte controversia internacional por la legalidad de las acciones de Estados Unidos en Venezuela, consideradas por varios países como una violación de la soberanía nacional y el derecho internacional. En foros de la ONU, representantes de naciones como Francia, China, Rusia y varias de América Latina han señalado que la operación careció de autorización legal y desafía las normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general del organismo advirtió sobre posibles riesgos asociados a la normalización de acciones unilaterales sin respaldo multilateral.
En el mismo escenario, Estados Unidos ha defendido su postura calificando la detención de Maduro como una “operación policial” contra un fugitivo de la justicia estadounidense y ha negado que se trate de una ocupación o un acto de guerra, subrayando que no busca confrontación con la población venezolana. Waltz insistió ante delegados que la ausencia de reconocimiento internacional a Maduro por parte de más de cincuenta países justifica, a su juicio, las acciones adoptadas por Washington.
Organismos internacionales y académicos expertos en derecho internacional han señalado que, incluso cuando un líder enfrenta cargos penales, las normas de inmunidad y soberanía estatal siguen vigentes, y que la ONU sigue siendo la plataforma global para gestionar disputas sobre límites legales entre Estados.