Proyecto de decreto supremo pretende desplazar trabajadores de YPFB y Ende a Ley 2027, generando alarma, rechazo masivo y convocatoria urgente de la Central Obrera Boliviana para defender derechos.
Un controvertido proyecto de decreto supremo del gobierno nacional pretende trasladar a los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público. La iniciativa desató un fuerte rechazo en los sectores fabriles y sindicales.
En Cochabamba, los fabriles anunciaron su estado de emergencia ante lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales de los funcionarios de YPFB y Ende. Adrián Anzaldo, representante del sector, denunció que la medida provoca malestar general y un alto nivel de alerta. “El gobierno pretende eliminar la protección de la Ley General del Trabajo para estos trabajadores. La federación de fabriles se mantendrá firme apoyando a los compañeros afectados”, afirmó el dirigente, dejando en claro la determinación del sector.
Desde la Central Obrera Boliviana (COB), Wilson Cáceres expresó su alarma ante la medida y subrayó la disposición de la entidad para proteger los derechos laborales. Según Cáceres, la aplicación del decreto podría significar la pérdida de beneficios sociales y la limitación del derecho a la sindicalización, generando un escenario de confrontación. “Hemos convocado un ampliado extraordinario para el miércoles 26 de noviembre para evaluar la situación y planificar acciones contundentes. No podemos permitir que se vulneren los derechos de nuestros trabajadores”, indicó.
El proyecto de decreto supremo ha colocado a los trabajadores en un estado de incertidumbre y tensión. Los sectores fabriles y la COB mantienen una postura firme, dejando entrever que cualquier intento de implementación sin diálogo podría derivar en conflictos de gran escala.
