El Gobierno venezolano rechaza con dureza la nueva maniobra estadounidense de catalogar como terrorista a una organización cuya existencia niega, denunciando un operativo político-militar que amenaza la estabilidad regional.
Con datos de RT
El Gobierno de Venezuela respondió con firmeza, sin titubeos ni ambigüedades, a la maniobra anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien adelantó que la administración estadounidense procedería desde este lunes a incluir al llamado “Cartel de los Soles” en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Caracas fue categórica al calificar la medida como una fabricación política destinada a abrir la puerta a nuevas acciones de presión, hostilidad y posible intervención bajo el esquema tradicional de Washington para habilitar operaciones de cambio de régimen.
La respuesta oficial venezolana partió de un comunicado difundido en canales gubernamentales, donde se señaló que la maniobra estadounidense reedita una “mentira infame y vil” que ya había sido utilizada en el pasado para intoxicar el debate internacional y justificar medidas extremas contra la nación caribeña. El documento señala que esta nueva ofensiva pretende reactivar una acusación que, desde la perspectiva del Ejecutivo venezolano, carece por completo de basamento y no ha sido reconocida ni documentada por ninguna instancia internacional especializada en la lucha contra el narcotráfico.
El canciller venezolano, Yván Gil, reforzó este posicionamiento al afirmar en su canal de Telegram que la operación estadounidense está destinada a tener el mismo desenlace que las anteriores estrategias de agresión: un fracaso rotundo. Gil sostuvo que el Gobierno de Venezuela no malgastará su tiempo en responder a imputaciones que considera enteramente fabricadas, y subrayó que el Estado mantiene su foco en la administración nacional, en la estabilidad interna y en la articulación de políticas públicas que atañen a la vida cotidiana de la población.
La comunicación oficial calificó como “necio” pretender que Venezuela desvíe su atención de los asuntos de gobierno para responder a señalamientos que considera infundados. Sin embargo, puso énfasis en que el país enfrenta esta nueva arremetida desde una situación de cohesión institucional y social, lo que incluye la articulación entre el poder civil, las fuerzas policiales y los componentes militares. De acuerdo con el documento, la fuerza del Estado venezolano reside precisamente en esa unidad que permite resistir presiones externas y sostener un orden interno basado en la legalidad.
En ese sentido, Caracas instó de manera explícita a Washington a rectificar lo que denominó una política errática de agresiones y amenazas que, además de tensionar la relación bilateral, es cuestionada incluso por sectores estadounidenses que consideran contraproducente un incremento de la hostilidad en el Caribe. El Gobierno venezolano advirtió que estas acciones afectan tanto el desarrollo de los pueblos de la región como la estabilidad colectiva, dado que se articulan al margen de los canales diplomáticos tradicionales y sin respaldo multilateral.
La posición venezolana remarcó que esta política estadounidense no tiene relación alguna con un combate real y genuino al tráfico de drogas, un tema que el país afirmó atender con mecanismos propios y en coordinación con organismos internacionales cuando así se ha requerido. Pese a la dureza del comunicado, el Ejecutivo venezolano reiteró que mantendrá su posición de defensa activa de la paz nacional, reforzando sus dispositivos institucionales y operativos. El mensaje cerró citando una frase del Libertador Simón Bolívar: “La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y todo cuanto me es precioso en este mundo”.
La ofensiva estadounidense sumó un capítulo adicional cuando, este lunes, el Departamento de Estado oficializó la designación del supuesto “cartel” dentro de su catálogo de organizaciones terroristas extranjeras. Este paso se inscribe en una secuencia de medidas dirigidas a elevar la presión contra el Gobierno venezolano, que incluyen operativos militares desplegados desde hace meses en el Caribe. Según distintas fuentes, fuerzas estadounidenses han bombardeado embarcaciones en la zona, lo que ha provocado más de setenta muertes; acciones que Washington presenta como parte de su estrategia antidrogas, aunque Caracas las califica de agresiones unilaterales injustificadas.
En paralelo con estas medidas, voceros estadounidenses han intentado vincular al presidente Nicolás Maduro con redes de narcotráfico, afirmando que lideraría una estructura criminal cuya existencia no ha sido reconocida por agencias internacionales especializadas ni por informes multilaterales en la materia. Esta acusación ha sido un eje persistente de la narrativa de Washington, pese a la ausencia de pruebas verificables que respalden la conexión directa que se le atribuye al mandatario venezolano.
Las especulaciones sobre el origen del llamado “Cartel de los Soles” se alimentaron meses atrás con declaraciones del exboina verde y contratista militar estadounidense Jordan Goudreau, quien sugirió que esta supuesta organización habría sido una creación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) décadas atrás. Aunque dichas afirmaciones no han sido respaldadas por documentos oficiales, su circulación en espacios públicos añadió un elemento más a la controversia en torno a la narrativa estadounidense. En ese contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, decidió duplicar la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.
El presidente venezolano ha sostenido de manera reiterada que estas maniobras constituyen una campaña de desprestigio destinada a preparar el terreno para medidas más agresivas. Ha alertado que se busca crear un entorno informativo que habilite cualquier acción contra Venezuela, desde sanciones más severas hasta intentos de intervención directa. Asimismo, ha insistido en que la motivación central de Washington radica en un interés histórico por los vastos recursos energéticos venezolanos, especialmente petróleo y gas.
La tensión internacional por esta nueva medida estadounidense movilizó reacciones en varios países, que manifestaron respaldo a Caracas o críticas hacia Washington. Entre ellos, Rusia afirmó que Estados Unidos utiliza pretextos falsos para generar inestabilidad en la región y presionar a gobiernos que considera adversarios. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, subrayó que el combate al tráfico de drogas no puede ser utilizado como instrumento político para interferir en asuntos internos de otros Estados, y rechazó cualquier intento de recurrir a la fuerza bajo ese argumento.
Este nuevo episodio refuerza un patrón de confrontación que se ha intensificado en los últimos años. Venezuela sostiene que Estados Unidos busca degradar su imagen internacional mediante designaciones, acusaciones y operaciones que incrementan la tensión político-militar. Washington, por su parte, insiste en su narrativa, aun sin respaldo de organismos especializados, y avanza sobre un terreno donde la diplomacia ha cedido espacio a la presión directa.