Las acusaciones cruzadas entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara revelan un entorno de poder atravesado por denuncias penales, disputas internas y la protección de figuras acusadas de corrupción y estafa
La tensión en la cúpula del Ejecutivo alcanzó un nuevo punto crítico tras el regreso del vicepresidente Edmand Lara al país. Su declaración fue contundente: aseguró que el presidente Rodrigo Paz ha optado por rodearse de personajes con prontuarios judiciales y cuestionamientos éticos de extrema gravedad. Según Lara, ese entorno —que calificó de “la peor calaña”— no solo compromete la credibilidad del gobierno, sino que expone a la población a decisiones adoptadas por operadores con antecedentes de corrupción, estafa y violencia.
Las palabras del vicepresidente surgieron luego de que se conociera que Jorge García Pinto, quien debía asumir la titularidad del Ministerio de Justicia, mantenía varios procesos activos, algunos por delitos especialmente sensibles. La salida abrupta de Freddy Vidovic, sumada a la fallida posesión de García Pinto, llevó al presidente Paz a anunciar que el Ministerio de Justicia sería cerrado. Sin embargo, Lara asegura que el anuncio fue una maniobra sin sustento normativo ni ejecución real.
“Estoy denunciando lo que está ocurriendo porque ya es insostenible. No soy enemigo del presidente; he intentado aconsejarlo desde el primer día”, afirmó Lara, añadiendo que la insistencia de Paz en mantener a su alrededor a operadores judiciales cuestionados deteriora cada vez más la confianza institucional. En su relato, el vicepresidente destacó que García Pinto no solo fue designado por el presidente, sino que es además su abogado personal, un vínculo que —a su juicio— agrava la opacidad de las decisiones recientes.
Mientras tanto, García Pinto respondió públicamente denunciando que las declaraciones del vicepresidente vulneraban su derecho a la presunción de inocencia. Argumentó que las menciones en su contra no solo dañaban su reputación profesional, sino que además afectaban directamente a su familia. Fue ese mismo día cuando el presidente ratificó el cierre del Ministerio de Justicia, alimentando aún más la incertidumbre institucional.
Lejos de aminorar el conflicto, Lara profundizó sus críticas, acusando al presidente de mentir al país. “El Ministerio de Justicia sigue vigente, no ha sido cerrado. Y el señor García Pinto continúa siendo, de facto, ministro designado por el presidente Paz”, sostuvo. De acuerdo con el vicepresidente, sus declaraciones nunca constituyeron difamación, ya que fueron sustentadas con información pública y verificable.
“Jamás violé su presunción de inocencia. Lo único que manifesté es que existen procesos en su contra. Entre ellos, por violación, incumplimiento de deberes, coacción, violencia familiar y avasallamiento. Es información que puede consultar cualquier ciudadano en el Palacio de Justicia”, explicó, añadiendo que incluso había verificado los juzgados donde cada caso se encuentra radicado. Para Lara, las acusaciones de difamación son un intento de García Pinto por desplazar la atención de sus propios antecedentes.
El vicepresidente también respondió a la reciente denuncia penal anunciada por García Pinto. Lejos de mostrarse preocupado, reveló que existe una acusación formal ya presentada ante un juzgado de Coroico. “El Ministerio Público concluyó la investigación y emitió una resolución fiscal de acusación en abril de 2025. Tenemos el número de caso, el código, el fiscal asignado. Nada de esto es invento”, puntualizó.
Según Lara, este proceso describe un modus operandi donde García Pinto habría estafado a diversas personas ofreciéndoles cerrar sus casos judiciales a cambio de dinero. “He conversado con el juez, con el fiscal y con la Policía de Coroico. Hablamos de pagos de 35 mil bolivianos, incluso más de 100 mil, bajo la promesa de influir en fiscales y jueces. Es una práctica sistemática”, afirmó.
El denunciante en ese proceso es Santos Daniel Calizaya, quien —según el vicepresidente— entregó pruebas concluyentes: declaraciones, informes, comprobantes de pago y toda la documentación que sustenta la acusación. Lara subrayó que, en lugar de explicar al país el estado real de sus procesos judiciales, García Pinto opta por atacarlo públicamente y lanzar advertencias, incluso apareciendo junto al presidente.
Este último gesto, para Lara, constituye una señal inequívoca de alineamiento entre Paz y operadores acusados de maniobras ilícitas. A su juicio, la presencia de García Pinto a lado del mandatario mientras anuncia medidas institucionales evidencia una peligrosa cercanía, con capacidad de influir en decisiones gubernamentales pese a los señalamientos judiciales.
El conflicto interno expone un Ejecutivo fracturado, donde los mensajes oficiales se contradicen y donde el propio presidente anuncia cierres de ministerios que no se concretan. A ello se suma el hecho de que figuras con acusaciones graves ocupan espacios de poder o se mantienen en ellos bajo la protección del entorno presidencial.
Mientras la población observa un escenario cada vez más confuso, la pugna entre Paz y Lara continúa escalando. Con el vicepresidente advirtiendo nuevas denuncias sobre otro ministro con procesos por violencia familiar, y con el presidente sosteniendo decisiones erráticas, el país queda atrapado en un conflicto que ya no solo es político: es institucional, jurídico y ético.
La crisis expone preguntas de fondo sobre el manejo del Estado, la transparencia en la designación de autoridades y la verdadera dimensión de las redes que rodean al presidente. Para muchos actores políticos y ciudadanos, el núcleo del conflicto no radica únicamente en quién ocupa un ministerio, sino en qué clase de operadores están influyendo en la administración pública.
En un escenario donde las acusaciones continúan creciendo, donde las contradicciones entre el presidente y el vicepresidente se hacen cada vez más visibles y donde las autoridades cuestionadas siguen operando bajo protección oficial, la estabilidad gubernamental se ve comprometida. Lo que inicialmente parecía una discrepancia puntual se ha convertido en una confrontación que deja en evidencia que el poder en el país está siendo disputado desde dentro, en medio de denuncias graves, silencios estratégicos y decisiones opacas.