La Defensoría del Pueblo alertó que la eliminación del Ministerio de Justicia deja sin conducción a políticas públicas y servicios esenciales destinados a sectores vulnerables, generando incertidumbre institucional y riesgo en la protección de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo hizo pública su inquietud por las consecuencias que deja el cierre del Ministerio de Justicia, una decisión que, según la institución, deja sin dirección a las políticas públicas y a los servicios fundamentales que garantizan derechos a sectores históricamente vulnerables. La entidad recordó que la cartera estatal cumplía un rol clave en la coordinación interinstitucional y en la formulación de lineamientos que resguardan a poblaciones que dependen de atención especializada para evitar situaciones de riesgo o desprotección.
En su comunicado, la Defensoría remarcó que bajo la estructura del ahora extinto Ministerio funcionaban instancias encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes; mujeres en situación de violencia; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como grupos afectados por agresiones motivadas por género o edad. Para la entidad, estas oficinas representaban la base operativa que hacía posible el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los acuerdos internacionales que el país mantiene en materia de derechos humanos.
Entre las reparticiones que dependían directamente de esta cartera figuraban instituciones estratégicas como el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu). Todas estas instancias brindan atención jurídica, psicológica y social gratuita a ciudadanos que no cuentan con recursos para acceder a estas prestaciones por otras vías. Su continuidad administrativa, advierte la Defensoría, queda ahora sin claridad.
La institución también expresó preocupación por el futuro de diversos consejos y secretarías técnicas que cumplían tareas de articulación para el diseño y seguimiento de políticas públicas especializadas. Entre estas plataformas se encontraban el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna y el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niñez y adolescencia. Según la Defensoría, estas estructuras eran fundamentales para sostener un trabajo conjunto entre entidades estatales, organizaciones sociales y organismos internacionales.
El pronunciamiento subraya que todo este entramado institucional permitía desarrollar acciones “articuladas y multiactor”, indispensables para impulsar políticas integrales orientadas a la protección de derechos, la prevención de vulneraciones y la atención de grupos que requieren respuestas estatales inmediatas. Su interrupción, indica la entidad, genera incertidumbre y podría afectar la capacidad del Estado para cumplir con estándares internacionales de protección.