El Estado boliviano enfrenta la obligación internacional de cumplir con las recomendaciones de la CIDH y la ONU, garantizando justicia a las víctimas de Senkata y Sacaba para evitar un precedente de impunidad.
El Estado boliviano encara nuevamente la mirada de la comunidad internacional. Las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en noviembre de 2019, continúan siendo una herida abierta que exige respuestas claras y compromisos firmes. Más de 30 personas perdieron la vida en esos episodios, cuando operativos militares y policiales se desplegaron en medio de un clima de convulsión social que marcó un capítulo oscuro en la historia del país.
Este domingo, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, recordó que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos deben cumplirse de manera integral, porque comprometen al Estado en su conjunto y no únicamente a una de sus instituciones.
“Estos informes establecen que debe existir voluntad real para combatir la impunidad y garantizar procesos que permitan a las víctimas acceder a la justicia”, expresó Saravia en declaraciones televisivas.
La funcionaria fue enfática al remarcar que no se trata de simples trámites judiciales, sino de vidas humanas que fueron segadas. Para ella, evitar precedentes nefastos implica que los hechos de Sacaba y Senkata no se repitan bajo ninguna circunstancia.
El pasado viernes, la CIDH y la oficina regional de la ONU manifestaron su preocupación por el riesgo de impunidad en ambos casos, después de que algunas resoluciones judiciales beneficiaran a militares y policías sindicados de responsabilidad. La anulación de procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y el traslado de las causas a un juicio de responsabilidades generó alertas sobre un posible retroceso en la búsqueda de justicia oportuna.
Los informes de expertos independientes, elaborados tras una visita de verificación en Bolivia, fueron la base para abrir procesos judiciales. En ellos se recomendó al Estado investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos registradas en noviembre de 2019. Sin embargo, el tiempo transcurrido y las decisiones judiciales recientes han puesto en duda la capacidad de Bolivia de dar una respuesta eficaz.
Saravia recordó que si el Estado no atiende las recomendaciones internacionales, el caso puede escalar a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal escenario, Bolivia se expondría no solo a sanciones de carácter moral y político, sino también al pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
“Se trata de compromisos internacionales que asumimos como país. Todas las instituciones y órganos del Estado están obligados a trabajar en esta dirección”, insistió la ministra.
El debate no se limita a lo jurídico. Las familias de quienes murieron en Senkata y Sacaba continúan reclamando justicia, con la esperanza de que su dolor no quede relegado a estadísticas ni a discursos oficiales. Para ellas, los procesos son la única vía de reparación y reconocimiento.
Los organismos internacionales han sido claros: la impunidad no puede imponerse sobre el derecho a la verdad. La anulación de lo actuado en los tribunales, advirtieron, puede significar un retroceso que debilite la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.
El Estado boliviano enfrenta, por tanto, una doble tarea. Por un lado, debe garantizar que los procesos judiciales avancen sin presiones ni dilaciones indebidas. Por otro, está obligado a demostrar ante la comunidad internacional que su compromiso con los derechos humanos no es una promesa vacía, sino una acción concreta.
