Caracas responsabilizó a Washington por una operación calificada de provocación militar, luego de que un destructor de la Marina de Estados Unidos interceptara ilegalmente a una embarcación atunera en su Zona Económica Exclusiva.
La jornada del viernes 12 de septiembre quedó marcada para nueve pescadores venezolanos que habían zarpado en busca de atunes y regresaron con un relato de tensión y miedo. El buque “Carmen Rosa”, autorizado por el Ministerio de Pesca para faenar en aguas del Caribe, navegaba a 48 millas náuticas de la isla La Blanquilla, cuando fue interceptado por un destructor estadounidense armado con misiles de crucero.
El USS Jason Dunham (DDG-109), perteneciente a la Marina de Estados Unidos, desplegó dieciocho marines fuertemente armados que abordaron la pequeña embarcación. Los tripulantes, humildes trabajadores del mar, grabaron con sus propios teléfonos el momento en que hombres uniformados y con armas largas subieron a cubierta. Las imágenes, difundidas por la Cancillería venezolana, muestran la cercanía del buque de guerra en aguas que, según el derecho internacional, forman parte de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.
El canciller Yván Gil, en conferencia de prensa, calificó el hecho como “un acto hostil, ilegítimo y provocador” que viola de manera flagrante las normas marítimas internacionales. “Se trata de una acción injustificada contra una embarcación autorizada por el Estado venezolano. La presencia de marines extranjeros en un barco de pesca en nuestra jurisdicción no tiene otro propósito que generar tensión en la región”, afirmó.
La Cancillería subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siguió de cerca el desarrollo de los hechos, registrando el minuto a minuto del abordaje hasta que los pescadores fueron liberados tras varias horas de ocupación. En su comunicado, Caracas enfatizó que se trata de una provocación calculada para forzar un incidente militar que pueda justificar una escalada en el Caribe.
“Estos episodios no son aislados. Son parte de una política fracasada que pretende imponer cambios de gobierno mediante la intimidación y el hostigamiento militar”, declaró Gil, recordando que situaciones similares en la historia mundial derivaron en conflictos prolongados como Vietnam. El canciller también hizo un llamado al pueblo estadounidense para que cuestione el uso de sus soldados como “carne de cañón en aventuras coloniales ajenas a sus intereses”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue más tajante en su reacción: “Ya han causado suficiente daño con un bloqueo económico criminal. Ahora se atreven a hostigar a nuestros pescadores. Venezuela no se rendirá y defenderá con unidad su derecho sagrado a la paz”. Su intervención concluyó con un enérgico “¡YANKEE GO HOME!”, que resonó en medios nacionales e internacionales.
El trasfondo geopolítico es inevitable. En agosto, Estados Unidos anunció un despliegue naval en el Caribe sur con el pretexto de combatir cárteles de la droga, mientras el Departamento de Justicia reactivaba acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro. Para Caracas, se trata de un plan que busca justificar medidas coercitivas y, en última instancia, apropiarse de los recursos naturales venezolanos.
El gobierno de Maduro, en respuesta, convocó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana y reiteró que, en caso de agresión directa, Venezuela está dispuesta a defender su soberanía. Sin embargo, el mandatario también expresó disposición al diálogo con Washington, siempre que se abandone lo que denominó “diplomacia de las cañoneras”.
El incidente del “Carmen Rosa” ocurre en un contexto de acusaciones cruzadas. Una semana antes, el Pentágono denunció que aviones venezolanos habían sobrevolado cerca de un buque estadounidense en “aguas internacionales”, tildando la maniobra de provocadora. El presidente Donald Trump incluso amenazó con derribar aeronaves venezolanas si representaban un “riesgo” para su personal militar.
Caracas, en cambio, considera que es la presencia de destructores armados en su Zona Económica Exclusiva lo que pone en peligro la paz regional. Según la legislación internacional, este espacio marítimo otorga al Estado ribereño derechos exclusivos sobre la explotación de recursos naturales, por lo que un abordaje militar sin autorización constituye una transgresión directa a su jurisdicción.
En este marco, Venezuela ha solicitado explicaciones formales al gobierno de Estados Unidos y analiza elevar el caso ante organismos multilaterales. La Cancillería insiste en que no se trata solo de la defensa de un grupo de pescadores, sino de un principio de soberanía y dignidad nacional.
Las voces de los protagonistas, los pescadores del “Carmen Rosa”, completan el cuadro. “Nos apuntaban como si fuéramos criminales, pero nosotros solo estábamos pescando atún”, relató uno de ellos al llegar a tierra firme. Sus testimonios refuerzan la narrativa de un episodio en el que una pequeña embarcación civil fue tratada como objetivo militar por una potencia extranjera.
