El Tribunal Supremo Electoral lidera los encuentros, mientras la ley de obligatoriedad se estanca en el Senado.
El escenario político boliviano entra en una fase crucial rumbo a las elecciones generales de este año. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización de dos debates presidenciales en el mes de agosto, convocando de manera oficial a los nueve candidatos habilitados para disputar la presidencia del Estado Plurinacional. Estas deliberaciones serán organizadas directamente por el Órgano Electoral y se desarrollarán con el respaldo explícito de organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y del empresariado nacional.
El vocal del TSE, Francisco Vargas, anunció que el primer encuentro será en La Paz y el segundo en Santa Cruz de la Sierra. Ambos eventos se celebrarán antes del domingo 17 de agosto, fecha establecida para la jornada electoral. “Serán los únicos debates organizados directamente por el TSE”, explicó Vargas, subrayando que se garantizará la participación de todos los frentes políticos en igualdad de condiciones, en cumplimiento del principio de pluralismo y equidad electoral establecido por la Ley de Régimen Electoral.
La organización de estos espacios de confrontación democrática se da en un contexto de estancamiento legislativo. La Ley de Debate Obligatorio, que busca imponer legalmente la participación de los binomios presidenciales en debates previos a comicios, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en mayo pasado. Sin embargo, desde hace más de un mes y medio permanece retenida en la directiva del Senado, instancia encabezada por Andrónico Rodríguez, quien además es uno de los aspirantes presidenciales por la Alianza Popular.
A pesar de que la Comisión de Constitución del Senado ya otorgó luz verde a la norma —según confirmó su presidente, el senador Luis Adolfo Flores— la directiva de la Cámara Alta no la ha incluido en su agenda legislativa. Este retraso ha generado incomodidad en diversos sectores ciudadanos, que cuestionan la falta de voluntad política para institucionalizar los debates como parte obligatoria del proceso electoral.
Mientras tanto, el TSE continúa avanzando con la preparación de sus propios debates, en coordinación con representantes de organizaciones periodísticas y empresariales. La intención es clara: ofrecer un espacio público y transparente donde cada candidatura exponga sus propuestas y defienda sus planes de gobierno ante el electorado. Vargas reiteró que se evitarán los errores de anteriores encuentros organizados por actores sociales, donde se excluyó a candidatos considerados de menor respaldo en encuestas. “Todos los frentes deben ser invitados, sin discriminación”, enfatizó.
Este posicionamiento responde a recientes eventos organizados por sectores ciudadanos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en los que participaron sólo algunos aspirantes, generando críticas por su sesgo y falta de representatividad. La autoridad electoral instó a que toda convocatoria cumpla los principios democráticos de inclusión y pluralismo, pilares fundamentales del sistema político boliviano.
Uno de los puntos destacados de la proyectada Ley de Debate Obligatorio es la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Según el texto aprobado por Diputados, si un partido decide no presentarse al debate oficial, se procederá a suspender su pauta publicitaria en medios de comunicación y se impondrá una multa económica. Esto busca incentivar la participación activa y transparente de todos los actores políticos en el proceso democrático.
El retraso en el tratamiento de esta normativa no es casual. Algunos analistas políticos señalan que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se ha ausentado reiteradamente de foros presidenciales organizados por entidades civiles, lo que ha generado protestas y cuestionamientos a su candidatura. Esta actitud contradice el discurso oficial de su alianza política, que asegura estar comprometida con el debate abierto y el diálogo público.
Por otro lado, la única ley electoral promulgada recientemente por el presidente Luis Arce es la Ley 1632, que restituye la aplicación del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares, ahora denominado SIREPRE. Esta norma busca transparentar el escrutinio de votos y generar confianza en la población respecto al resultado de las elecciones.
El impulso del TSE hacia la institucionalización de los debates presidenciales sin exclusiones ha sido aplaudido por amplios sectores sociales. La iniciativa no sólo fortalece el ejercicio ciudadano de cara a las urnas, sino que además contribuye a desmantelar las prácticas clientelares y la cultura del silencio, que históricamente han debilitado la política boliviana.