Alejandro Gallardo advirtió que si el Congreso no aprueba los contratos, Bolivia podría perder inversiones millonarias en uno de sus sectores más estratégicos.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dejó claro que el futuro de la industrialización del litio ya no está en manos del Órgano Ejecutivo. Según sus declaraciones, la última palabra la tiene la Asamblea Legislativa, que aún no define si aprobará o no los contratos con empresas extranjeras para explotar el recurso.
“Presentamos los contratos, las leyes y cumplimos con todo el marco legal. Ahora la decisión está en el Legislativo. Si no se aprueba, el país perderá una gran oportunidad”, señaló el ministro en una conferencia de prensa, en la que responsabilizó directamente a los parlamentarios de lo que ocurra en adelante con el litio boliviano.
Gallardo enfatizó que los convenios firmados con compañías de China y Rusia cuentan con el respaldo constitucional y jurídico necesario, y que la demora en su aprobación puede poner en riesgo la llegada de inversiones extranjeras, vitales para desarrollar una industria estratégica.
El pronunciamiento surge después de que la Cámara de Diputados suspendiera abruptamente el tratamiento de los contratos, tras una tensa sesión en la que grupos cívicos, legisladores de Potosí y otros sectores manifestaron su rechazo. Según el ministro, este freno se debe más a desinformación que a razones técnicas.
“El rechazo a los contratos nace de argumentos falsos. Dicen que vamos a destruir el Salar de Uyuni y no es cierto. Solo se intervendrá el 2% de su superficie. Y tampoco es verdad que habrá un consumo masivo de agua, como muchos quieren hacer creer”, puntualizó Gallardo, desmintiendo versiones difundidas por los detractores del proyecto.
Asimismo, explicó que las consultas comunitarias aún no se realizaron porque los estudios técnicos para definir la ubicación de las plantas están pendientes. “No se puede consultar algo que todavía no está definido geográficamente”, aclaró.
Uno de los puntos que más enfatizó Gallardo es el tiempo transcurrido en este proceso: recordó que el proyecto comenzó en 2021, y negó que exista un intento del Gobierno por apurar el trámite antes de que concluya su gestión. “No se trata de presión, se trata de responsabilidad nacional”, sostuvo.
También advirtió que las empresas interesadas podrían retirar sus propuestas si Bolivia no les garantiza un entorno seguro y transparente para invertir. “Otros países están compitiendo. Si no avanzamos, perderemos esta oportunidad”, remarcó.
Además de los contratos actuales, Gallardo informó que existen 14 convenios más con distintas compañías extranjeras, a la espera de revisión y aprobación legislativa. “Estamos hablando de una política de Estado, no de un capricho del Ejecutivo”, subrayó.