Las demandas que exigen la inhabilitación de varios candidatos por no renunciar a sus cargos podrían modificar radicalmente las listas electorales.
Bolivia se encuentra una vez más frente a un proceso electoral cuestionado. A menos de dos meses de las elecciones generales, dos recursos presentados ante la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz amenazan con redefinir el mapa político al exigir la inhabilitación de ocho candidatos, entre ellos postulantes presidenciales y legislativos.
El abogado Carlos Villarroel interpuso una demanda el 23 de junio para que se excluya a cinco aspirantes a la Presidencia: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira. El argumento central es que no renunciaron a sus cargos dentro del tiempo exigido, incumpliendo con lo establecido en el artículo 238 de la Constitución.
El diputado Henry Farrel Gutiérrez presentó al día siguiente una acción de cumplimiento contra el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. Farrel exige que el órgano electoral aplique la ley y retire de las listas del MAS a tres parlamentarias que buscan la reelección sin haber dejado sus cargos: Rodríguez Gálvez, Tupa Zelaya y Martínez Michaga.
Según Farrel, el TSE ha incumplido sus deberes al ignorar una denuncia presentada el 30 de mayo. La acción legal solicita a la Sala Constitucional que obligue al ente electoral a corregir lo que considera una omisión gravísima.
El TSE, en defensa de sus decisiones, recordó que la sentencia constitucional 0032/2019 permite que las autoridades electas puedan postularse sin renunciar. Además, advirtió que las demandas judiciales pueden afectar gravemente los principios de certidumbre, preclusión y pluralismo que rigen el sistema electoral.