La Cámara Alta sancionó la norma que establece el sistema de difusión de datos preliminares en elecciones, frustrando los esfuerzos del ala evista por frenar su avance.
En una sesión decisiva realizada la tarde del miércoles, el pleno del Senado boliviano aprobó de manera definitiva la Ley del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Electorales Preliminares, dejando sin efecto las maniobras de los senadores afines al expresidente Evo Morales que buscaban dilatar el tratamiento de la normativa.
La presidenta en ejercicio de la Cámara Alta, Gladys Alarcón, confirmó la sanción de la ley tras superar ambas instancias legislativas. “Al haber sido aprobada en grande y en detalle, la ley queda sancionada y será enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación”, declaró.
La propuesta había sido respaldada previamente en marzo por la Cámara de Diputados, como parte de los compromisos asumidos en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. No obstante, su avance en el Senado fue retrasado por semanas debido a las observaciones planteadas por la senadora Patricia Arce y el senador Luis Flores, ambos del bloque evista, quienes intentaron introducir varias modificaciones.
Entre los cambios propuestos por los evistas se incluían nuevas atribuciones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través del Serecí, incluyendo mayor control sobre el sistema de cómputo y regulaciones sobre los ajustes en la nube de datos. Asimismo, planteaban la creación de una comisión de fiscalización con participación de sectores sociales y fuerzas políticas.
Sin embargo, estas sugerencias fueron rechazadas por la mayoría de legisladores, que las consideraron innecesarias y con un claro objetivo de demorar el proceso. La senadora Silvia Salame (CC) calificó de “irrelevantes” las modificaciones, mientras que su colega Andrea Barrientos denunció que el verdadero propósito era prolongar el tratamiento legislativo.
Ante la negativa generalizada del pleno, el informe de la Comisión que respaldaba las enmiendas fue descartado, y se procedió a votar el texto original aprobado por Diputados, que finalmente fue sancionado.
La nueva norma, compuesta por dos artículos y tres disposiciones transitorias, establece que en cada elección o referendo, se deberá implementar un sistema que transmita y publique los resultados preliminares en tiempo oportuno, con participación de las organizaciones políticas. Estos datos no tendrán valor legal vinculante, pero servirán para informar a la ciudadanía con transparencia.
Además, se instruye al TSE a conformar una comisión técnica de apoyo, con especialistas de entidades académicas, que garanticen la seguridad y credibilidad del sistema. Una vez promulgada la ley, el TSE tendrá 60 días calendario para emitir la reglamentación correspondiente.