La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó una supuesta persecución política contra cívicos cruceños, imputados por el paro de 36 días en 2022, y aclaró que el Gobierno nacional respeta la independencia de los órganos del Estado.

“No hay persecución política, lo hemos dicho muchas veces, no existe una persecución política. Nosotros estamos en un Gobierno democrático, en el que se respeta la independencia de los órganos del Estado, en el que se respeta el debido proceso de todos los bolivianos y bolivianas”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas.

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas; y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron imputados por la Fiscalía por el paro de 36 días en Santa Cruz en 2022.

El Comité Cívico pro Santa Cruz, encabezado por Fernando Mario Ovidio Larach, calificó esa imputación como un “nuevo acto de persecución política”, de acuerdo a reportes de medios locales.

La viceministra señaló que, según información oficial, ese caso tiene más de 10 meses en curso, las investigaciones se llevan adelante en la Fiscalía y el Ejecutivo no se pronuncia sobre el mismo, al igual que en otros procesos “que están en esa etapa, en los tribunales”.

“Sí les decimos lo que al país le hemos dicho en muchas oportunidades: estamos en un Gobierno democrático, en el que se respeta el debido proceso, la independencia de los órganos del Estado y está en esa etapa, no como persecución política”, remarcó.

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